El ministro de Educación, Augusto Espinosa, insiste en que no estaba obligado a contratar pólizas para asegurar los bienes de establecimientos educativos afectados por el terremoto del 16 de abril, pues considera que el reglamento de la Contraloría que lo determina tiene un rango inferior que compromete recursos no presupuestados, y que su accionar debe juzgarse según lo que determinan la Constitución y la ley sobre sus atribuciones.