Tras 2 años de creado complejo judicial Florida Norte, sin permiso de bomberos

El complejo judicial Florida Norte, inaugurado hace dos años por el presidente Rafael Correa, no cuenta con el permiso contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.“Está funcionando al margen de la ley, así de sencillo, no tiene permiso”, afirmó el jefe de Prevención de Incendios de la entidad bomberil, Santiago Peña, al tiempo de recalcar que “al ser un edificio del sector público no se lo puede paralizar en un momento de incumplimiento”, pues la Constitución impide suspender un servicio público.La ley y el reglamento de Defensa contra incendios le atribuyen al Cuerpo de Bomberos la facultad para conceder los permisos de funcionamiento y sancionar, incluso con la clausura, locales o edificaciones que no cumplan con los requisitos de prevención de siniestros.La construcción del complejo judicial, valorado en cerca de $60 millones, se inició durante la gestión del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), entidad que desde octubre de 2011 a enero de 2013 asumió la llamada “transformación de la justicia”, antes de la declaratoria del estado de emergencia judicial. Sus miembros fueron delegados de la Presidencia de la República (Paulo Rodríguez), de la Asamblea Nacional (Tania Arias), y de la función de Transparencia (Fernando Yávar).En el 2011, Mauricio Jaramillo, representante legal del CJT y exasesor de la Presidencia de la República, firmó el contrato para esta obra con la empresa guayaquileña Alessmart S.A., de John Martínez Zambrano.Más tarde, se firmaron dos contratos complementarios porque, según los documentos, se establecieron nuevos rubros durante la ejecución. La obra se convirtió en la más grande y la de mayor costo en todo el proceso de emergencia judicial.“No sé si ellos sabían o no sabían que necesitaban el permiso, pero ellos construyeron sin ninguna disposición del Cuerpo de Bomberos..., no ingresaron los planos (de la obra) para dar las recomendaciones o exigencias”, dijo Santiago Peña.En un comunicado del 5 de agosto de 2013, el Cuerpo de Bomberos dispuso al actual Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalk, que se acaten las disposiciones del sistema contra incendios.Entre las principales observaciones están el sistema hidráulico (falta de rociadores automáticos), el sistema de extintores (falta de estos equipos) y medidas de protección complementaria (escaleras de emergencia, señalética, vías de evacuación y muros cortafuegos).Para cumplir con estas observaciones, a inicios de este mes el Consejo de la Judicatura contrató por $ 2,3 millones a la compañía Conecuakor C.E.M., de propiedad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de la empresa de Corea del Sur, Cheong Hai Ingeniería y Construcción. Esta compañía deberá ejecutar unas 150 obras que incluyen el retiro de paredes, adoquines, cerámica, porcelanato, tumbado, inodoros, lavamanos, puertas, ventanas y su posterior colocación, además de la reubicación de ductos, rejillas, lámparas o letreros de evacuación.El complejo judicial, ubicado en el km 8,5 de la vía a Daule, tiene 62.619 m² y comprende once bloques construidos, ocho edificios –en los que laboran 92 jueces y 636 funcionarios–, dos bloques de parqueaderos y uno para ingreso y equipos.Desde el 2013, ambas entidades habían firmado actas de compromiso, pero los plazos no se habían cumplido.Uno de los acuerdos se dio después de que el Cuerpo de Bomberos aprobara la propuesta del CJ para la instalación del sistema contra incendios, el 8 de octubre de 2013, en víspera del acto de inauguración del edificio, que coincidió con las fiestas de Guayaquil.En dicho evento, cuya logística y material publicitario costó más de $ 70 mil, el presidente Correa calificó a la obra como “el centro judicial más grande y moderno del país”. 636 funcionarios y 92 jueces laboran en el complejo judicial. (I)

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