Los dirigentes de las organizaciones sociales ratificaron la radicalización del paro nacional si es que el gobierno no escucha el pedido de archivar el paquete de enmiendas constitucionales, el derecho de educación libre en las universidades, la restitución de la rectoría de la educación intercultural, la derogatoria de la ley de aguas, el proyecto de ley de tierras y el rechazo a la firma del tratado de libre comercio con Europa.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, dijo que el proceso de protestas fue tan exitoso que debe llamarse el levantamiento del pueblo ecuatoriano y no solo del movimiento indígena. “Estaban médicos de todas las condiciones sociales, pequeños vendedores, jubilados, maestros, estudiantes”.

Explicó que las acciones se decidirían luego de la concentración de protestas en la Caja del Seguro. “La protesta continúa y las acciones se decidirán en reunión de trabajo con los directivos y representantes de las regiones y provincias luego de una evaluación general” señaló Herrera.

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Pero en el parque de El Arbolito los dirigentes de segundo grado de las organizaciones campesinas e indígenas ya daban señales de cómo proceder: “Es momento de llamar los delegados de las provincias, a nuestros pueblos, a que radicalicemos las medidas y proceder de acuerdo a las condiciones de nuestros territorios”.

Además existe un proceso de recambio de personas que llegaron desde provincias, por ejemplo, los marchantes que arribaron de Cotopaxi el miércoles, partieron la madrugada del viernes y esperaban la presencia de otros para ocupar su lugar.

También se realizó una evaluación de la violencia que utilizó la policía y los infiltrados. Severino Sharupi, dirigente de la Conaie fue atacado por civiles el momento en que intentó actuar a favor de Liliana Herrera, hija del presidente de la Conaie, apresada y golpeada por policías: “Ella fue soltada ayer pero la golpearon y sacaron un diente”, aseguró.

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En la tienda médica de El Arbolito cerca de 50 indígenas recibieron atención médica por golpes, contusiones y otros problemas causados por la violencia, comentó el médico Carlos Figueroa. Su preocupación rondaba en que no tenía cifras totales y esperaba que la Cruz Roja emita un informe del número de personas agredidas que esa entidad recibió.

Herrera dijo que las acciones violentas fueron de grupos pro-gobierno, que llegaron de algunas provincias y países como Cuba y Venezuela. Ellos provocan las instancias de violencia. “El momento que detuvieron a Salvador Quishpe, Carlos Pérez y otras 20 personas fue porque los infiltrados empujaron y provocaron su detención, es una muestra que los actos vienen desde el gobierno”.

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Raúl Guacho, profesor en Chimborazo, dijo que recibió un piedrazo en la plaza San Francisco de otro manifestante que estaba a pocos pasos. "Fue infiltrado, fue dirigido hacia mí", dijo.

Miembros de la comunidad Sarayaku en Pastaza recibieron informes del uso de la fuerza contra los grupos sociales en la ciudad de Puyo.

Patricia Gualinga, líder sarayaku, narró que policías y militares usaron la fuerza en las protestantes y detuvieron a 20 personas que fueron trasladados a la fiscalía de esa ciudad. Incluso mujeres de la terera edad fueron maltratadas. “Han sido fuertemente golpeados con una represión tan fuerte como la que vivimos la noche del jueves”. (I)