Polémica por veto a proyecto de ley de Galápagos

Sosteniendo una bandera de 40 metros de longitud, cientos de personas recorrieron las calles de Puerto Baquerizo Moreno, Galápagos, el pasado lunes, para expresar su descontento con las 18 objeciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.

El pasado jueves la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea aprobó allanarse totalmente a ese veto con una mayoría oficialista de siete legisladores de AP y dos en contra de René Yandún (MID) y Ángel Vilema. Al día siguiente Vilema anunció su retiro de AP y ese día esta agrupación también reportó su expulsión.

“No al veto, señor presidente, respete los salarios. Galápagos, presente” es una de las consignas que se han repetido en las protestas realizadas también en las otras islas pobladas, además en Quito y Guayaquil.

Aarón Romero es un joven galapagueño de 19 años que reside en Quito desde hace dos años para realizar sus estudios superiores. Él fue uno de los promotores de la marcha e indica que hay desacuerdo con las 18 enmiendas, pero son tres los puntos que, creen, afectarían mayormente a Galápagos.

Dos se refieren al cálculo para elevar las remuneraciones en los sectores público y privado y el presupuesto en los municipios. Mientras el proyecto fija que sea el doble del salario básico continental en el sector público y el 75 % más en el privado, el Ejecutivo propuso un cálculo sobre la base del Índice del Precio al Consumidor (IPC).

Max Freire, presidente de la Junta Parroquial de Floreana, dice que al reducir el presupuesto de los cabildos se disminuye la obra pública. “Si en el continente cuesta $ 10.000 construir una cancha, acá con ese dinero se construye la mitad por el alto costo de los materiales y de la mano de obra”.

Adriana Meza, quien reside en San Cristóbal, expresa que si bien los sueldos son altos en Galápagos, también lo es el costo de la vida. Señala que la escasez de alimentos incrementa aún más el valor de los productos.

Para Milton Aguas, asambleísta alterno de Avanza por Galápagos, la medida “no es justa” porque no hay valores reales de los productos y los servicios que se requieren en las islas son necesarios para realizar el cálculo del IPC.

El presidente de la Comisión, Richard Calderón, dice que no habrá inconvenientes al momento de calcular el IPC a pesar de la variabilidad de precios. “Metodológicamente es viable, de hecho, actualmente se hace de manera periódica para las principales ciudades”, expresa.

Señala que una vez que la normativa esté vigente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) deberá construir un indicador que recoja técnicamente una canasta de bienes y servicios.

El presidente del Consejo de Régimen Especial de Galápagos, Eliécer Cruz, dijo el pasado jueves en un medio radial que la entidad “está presta para ayudar al INEC para hacer una fórmula adecuada”. Añadió que en 1996 el aumento del 75 % en los salarios “fue al ojo y no técnico” y que en 1998 “por decisión política” se elevó al 100 %.

Según Vilema, debió elaborarse un estudio real y realizar el aumento sobre el costo de la canasta básica y no sobre el IPC que es un índice inflacionario.

Otra objeción polémica es la eliminación de la prohibición para que las entidades públicas o privadas, sin fines de lucro, y operadoras turísticas puedan vender artesanías o souvenirs.

Aguas dice que el fin del artículo del proyecto que hace referencia a ese tema es proteger a los artesanos, pero que con el veto pasaría lo contrario.

“Los artesanos compiten con artesanías que traen del continente los operadores turísticos o las fundaciones privadas, esto les deja sin ingresos a la gente de acá”, expresa.

El pasado jueves, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea envió un informe no vinculante a la Presidencia de la Asamblea para que sea tratado en el pleno. (I)

7 VOTOS de AP a favor
Ulises de la Cruz, Fausto Terán, Lorena Quimbiulco, Octavio Villacreses, Alexandra Ocles, Liliana Guzmán y Paola Pabón.

2 votos en contra
Ángel Vilema (entonces de AP) y René Yandún (MID), en contra del proyecto de Ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos.