Este fin de semana se define, en medio de tensiones políticas, el destino de dos propuestas económicas clave del Gobierno frente a la Asamblea Nacional. Por un lado está la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal (ley tributaria), que hasta esta tarde estaba a punto de ser votada y cuyo plazo, antes de entrar en vigencia por ministerio de la ley, vence este sábado. Entre tanto, en cuanto a la proforma presupuestaria 2022, que fue observada por el Legislativo, también se cumple un plazo: el domingo el Ejecutivo debe contestar dichas observaciones.

Esta semana, el viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, aseguró en radio Sonorama que entre viernes y sábado el Ministerio podría enviar a la Asamblea las respuestas a las observaciones que realizara a la proforma 2022. Sin embargo, adelantó que no se ha visto que ninguna de ellas sea de fondo, sino más bien de forma, por lo que remitirían el texto de la proforma sin cambios.

En cuanto a la ley tributaria se manejan tres probables escenarios. De acuerdo con Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA), a pesar de la incertidumbre existente, la reforma tributaria sí tiene probabilidades de ser aprobada: posiblemente mediante la votación de un número suficiente de asambleístas, así como a través del ministerio de la ley.

Para Mosquera, de acuerdo con conversaciones que ha mantenido con funcionarios del Ejecutivo, el Gobierno ha estado trabajando duro para conseguir los votos antes de que se acabe el plazo. La idea del Gobierno es hacer lo posible para que se apruebe e, incluso, por cuestión de tiempos, no hacer uso de su facultad de veto, pues tenía el optimismo de que el texto legal quedara en términos aceptables.

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En cambio, si el escenario fuera que no existieran los votos para ser aprobada, muy probablemente tampoco habría los votos para negarla o archivarla. En este sentido, explica que podría pasar por ministerio de la ley. Mosquera destacó que para el Gobierno es fundamental que se apruebe este texto antes de fin de año, para que así la nueva estructura tributaria empiece a regir desde el 1 de enero del 2022. El experto asegura que el Gobierno va a tratar de ser muy estratégico en el uso de los tiempos para que no se pongan en riesgo los ingresos requeridos.

El Gobierno ha dicho que la reforma tributaria podría generar unos $ 1.900 millones, pero no está totalmente claro cuánto podría realmente recaudar tras los cambios realizados por la Asamblea.

En un tercer escenario, si la ley llegara a ser rechazada por parte de la Asamblea, esto constituiría una señal al Gobierno no solo de la dificultad de pasar la ley tributaria, sino todas las otras reformas, con lo cual quedaría atado de manos.

En este sentido, considera que el presidente Guillermo Lasso sí podría reaccionar con alternativas más radicales, entre ellas, la muerte cruzada.

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En este último punto, esta semana la banca de inversión de Barclays también había considerado en un análisis un escenario de muerte cruzada en el caso de que no se llegara a aprobar la reforma. En todo caso, este análisis aseguraba que sería el último recurso del Gobierno, pues un escenario de este tipo generaría enorme incertidumbre.

En la Asamblea se han generado varias críticas a la ley, acusándola de recaudatoria y de afectar a la clase media, entre otras. Sin embargo, la reforma tributaria, según un análisis del grupo Faro, tiene aspectos positivos, como la reducción del gasto tributario.

Este es un monto de ingresos que el Estado deja de percibir legalmente para beneficiar a ciertos contribuyentes, zonas o actividades. El grupo Faro asegura que, de acuerdo a datos de la Cepal, la tendencia de la región evidencia que los gastos tributarios se situaron en promedio en alrededor de 3,7 % del PIB entre el 2015 y el 2019. En Ecuador, en 2019 estos alcanzaron el 5,3 % del PIB. Esto es un porcentaje incluso mayor a la inversión en salud (2,6 %) y educación (4,5 %) de ese año.

También consideran importante que, en un país de profunda desigualdad, se apunte a que quienes más tienen aporten más. En el Ecuador, el 10 % más rico concentra el 86,6 % de la riqueza (o patrimonio) del país. En este sentido, el impuesto temporal tanto al patrimonio de empresas como de personas naturales es positivo, dice. Finalmente, para el grupo Faro es fundamental que se garantice el uso transparente de los recursos fiscales y que se priorice el gasto social.

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Entre tanto, los mercados internacionales siguen a la expectativa de lo que pase, dijo Mosquera. En estos días no ha habido mucho movimiento en cuanto a los precios y rendimientos de los bonos ecuatorianos. Sin embargo, una vez que se haga la votación, seguramente el mercado reaccionará. En el caso de que se apruebe la ley en la Asamblea, el riesgo país caería y asimismo se incrementaría el precio de los bonos, bajando su rendimiento.

Si el texto llegara a aprobarse por ministerio de la ley, el efecto en el riesgo país podría ser a la baja, pero no de una manera muy importante. Sin embargo, si la ley fuera rechazada, el riesgo país sí subiría y se registraría la caída de precios de los bonos. (I)