El llamado mercado de carbono en Ecuador todavía está en construcción. Esta figura es considerada por organismos internacionales, como el Banco Mundial y las Naciones Unidas, como parte importante en la mitigación al cambio climático. Para apalancar esta figura en el país el Gobierno nacional busca modificar el artículo 74 de la Constitución para que se permitan los llamados Pagos por Servicios Ambientales (PSA) a través de una pregunta, de un pliego de ocho, que busca sea aprobada en la consulta que impulsa.

Según el Gobierno, los PSA permitirán la emisión de incentivos financieros y retribuciones por la protección, mantenimiento, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales.

La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de estos servicios.(...) Las metas ambiciosas en materia de protección ambiental y cambio climático no pueden ser privadas de su consecución dejando a un lado el uso del instrumento que representan los mercados de carbono que, a su vez, se puede argumentar, es una de las bases que permitió la inclusión del artículo 6 del Acuerdo de París, y dictar las recientes políticas ambientales globales”, se indica en el anexo de la pregunta.

Mercado de carbono ecuatoriano, que aún está en construcción, genera debate en varios sectores

Estos servicios son los beneficios económicos, sociales y ambientales que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas y se clasifican en servicios de provisión; de regulación; de apoyo; y servicios culturales. Entre los más importantes se encuentran la provisión de agua dulce, aseguramiento de alimentos nutritivos, la captura de carbono, la regulación climática, la polinización y el control de enfermedades y vectores.

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El Ejecutivo también busca cambiar el artículo 248 del Reglamento del Código Orgánico Ambiental que establece que en ningún caso se podrán crear tasas para la retribución por un servicio ambiental que ocurra sin acción u omisión humana.

“Con la enmienda propuesta, se fortalecerá el rol del Estado como ente administrador de la biodiversidad y los recursos naturales, encargado de velar por su protección y regeneración, cumpliendo así con los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución y, a su vez, respetando el espíritu de esta y tomando en cuenta las necesidades de generaciones presentes y futuras de un ambiente adecuado para la preservación de la vida tanto como especie como global”, afirma el Gobierno.

Sin embargo, voces de la sociedad civil aseguran que esta enmienda podría derivar en un modelo de gobernanza ambiental privatizante que termine en despojo del usufructo de la tierra.

Para los PSA se cuantifican monetariamente los servicios ecosistémicos, dejando de lado otras formas de valoración y priorizando unos servicios sobre otros. Evidentemente se priorizan aquellos que generan más rentabilidad”, indica Gabriela Borja, socióloga de la Universidad Central.

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El Gobierno afirma que los PSA ayudarán en la conservación de los ecosistemas naturales del Ecuador. Foto: Archivo Foto: Juan de Dios Morales

Añade que para establecer los PSA se necesita una delimitación de las zonas a conservarse y las personas que habitan en ese lugar no pueden realizar actividades que afecten a los servicios ecosistémicos. Antes de aprobar o no esta figura, según Borja, se debe analizar a quiénes afectan y benefician estos servicios ecosistémicos.

En muchas ocasiones son los pequeños campesinos que viven en partes altas, como los páramos, los que deben dejar de hacer sus actividades agrícolas o de pastoreo porque estas afectan a la producción de agua. Esto no solo les afecta en su economía, sino en su forma de vida y culturales”, dice.

Indica que las personas al no poder usufructuar sus tierras se ven obligadas a buscar otros espacios para sembrar o migran a las ciudades, en especial cuando los PSA no se dan en en dinero sino a través de materiales, equipamiento o capacitaciones que están ligados al proceso de conservación.

En muchos espacios, alrededor del mundo, donde se dan los PSA lo que sucede es que lugares estratégicos de producción de servicios ecosistémicos son comprados por grandes propietarios, empresas que se dedican a la conservación o por empresas que hacen uso de un servicio ecosistémico como agua y que tienen la necesidad de conservar este sitio para garantizar su producción. También pasa que las organizaciones o empresas que realizan los PSA son los que deciden lo que hacen o no los campesinos en estos espacios. A esto me refiero con que se pueden generar procesos de gobernanza privatizantes”, señala Borja.

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Por la complejidad que conllevan los PSA, desde la sociedad civil, se afirma que no es idóneo que se apruebe o no esta figura a través de una consulta. Foto: Archivo

En tanto, el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, señala que los PSA son mecanismos de compensación que promueven inversiones económicas o de otro tipo, para que las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan implementar iniciativas (de conservación, restauración, etc.) que permitan a la naturaleza seguir cumpliendo con sus funciones a través de la provisión de los servicios ambientales.

A través de estos mecanismos de compensación se puede contribuir al mantenimiento de la biodiversidad, la captación y filtración de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes, retención de suelo, refugio de fauna silvestre, entre otros”, dice.

El funcionario añade que en Ecuador ya existen experiencias sobre mecanismos de compensación, como incentivos económicos a la conservación como el Programa Socio Bosque: “Otros mecanismos financieros como los establecidos para la Reserva Marina Hermandad son también otras oportunidades que el país puede aprovechar en el marco de la transición ecológica”.

Borja señala que por la complejidad que conlleva establecer los PSA no es lo más idóneo que esto se pregunte en una consulta, ya que se debe analizar a profundidad quién hace los pagos, qué servicios ecosistémicos son, cómo se calculará, en términos económicos, el valor de estos servicios. (I)