El pasado 6 de mayo el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) presentó el Programa Ecuador Carbono Cero para promover e incentivar la implementación de medidas y acciones para la cuantificación, reducción y neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por parte del sector productivo del país.

En estos meses se han empezado a delinear las características del plan, que conlleva la implementación de normativas y la creación de un portafolio de proyectos de compensación enfocados en acciones de restauración, conservación de bosques y eficiencia energética.

Este es un programa que busca incorporar al sector público, privado y oenegés en la lucha contra el cambio climático. Este programa busca que las empresas puedan medir su huella de carbono, tomar acciones para reducirla y, en los casos en los que hayan ejecutado estas dos opciones, puedan iniciar procesos de compensación”, indica Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Maate.

Según la funcionaria, a través de este programa se creará la primera norma de compensación enfocada en la huella de carbono en Ecuador, además de otros instrumentos, como la norma de medición de GEI para organizaciones y para productos que se lanzará el 23 de septiembre próximo.

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“Estamos trabajando en la norma de compensación, que va a permitir que las empresas que han medido y reducido su huella ambiental puedan compensar sus emisiones que no han podido ser reducidas con proyectos nacionales. Buscamos generar un portafolio de proyectos de compensación enfocados en acciones de restauración, conservación de bosques y eficiencia energética. Esto va a permitir que las empresas puedan escoger dentro de este a quiénes compensar”, afirma la funcionaria.

Por ejemplo, una minera podrá escoger a qué sitios destinará recursos para regenerar o conservar. El monto será establecido de acuerdo a su generación de carbono. “No es una venta, porque la Constitución prohíbe vender servicios ambientales. Es una retribución, una compensación a través de la implementación de un proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero equivalente a lo que ellos no han podido reducir”, indica.

Barrera asegura que esto no sería un greenwashing, es decir, un “ecoblanqueo” que permita a las compañías seguir contaminando con tal de que inviertan en proyectos de conservación: “Las empresas deben demostrar que han cumplido con la jerarquía de la mitigación”.

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Incluso, este plan está diseñado para ayudar a empresas ecuatorianas cuyo mercado es Europa, ya que ese continente ha empezado a exigir medición y mitigación de la huella de carbono a todos sus proveedores. En el programa también habrá incentivos no monetarios, como los distintivos Punto Verde y una certificación otorgada por una empresa independiente, que valide la reducción de la huella de carbono.

Para Jesús López Villada, docente de la Universidad Internacional SEK, es importante que el país empiece a tener una estrategia que busque la reducción de los GEI, ya que los beneficios no solo son económicos, sino también ambientales, en especial para mitigar las consecuencias del cambio climático. El catedrático añade que es beneficioso que se concentren esfuerzos en la eficiencia energética del país. Indica que se debe profundizar en el gran potencial para la energía fotovoltaica (que produce electricidad) y la solar térmica.

Las zonas del corredor interandino, Guayas, Santa Elena tienen un gran potencial para producir este tipo de energía. En estas zonas se concentra la mayoría de la población e industrias. Debemos aprovechar el potencial”, indica.

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Afirma que incluso a nivel personal ya se pueden realizar cambios como instalar sistemas fotovoltaicos en las viviendas y conectarlos a la red eléctrica: “En 2018 ya se aprobó una reglamentación y en mayo de 2021 también se aprobó otra que trata sobre la generación distribuida, que permite que se pueda tener energía solar fotovoltaica en casa. Solo hay que hacer la solicitud a la compañía eléctrica con una especie de memoria técnica”.

El docente habla de las regulaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Además, estas normas clarifican los requisitos para instalar y operar emprendimientos renovables de hasta un megavatio (MW), y también condiciones técnicas y comerciales para que empresas puedan contar con centrales con una capacidad de hasta 10 MW.

Para una vivienda de cuatro personas se necesitan dos kilovatios, y una instalación para esas características cuesta $3.000, pero cuando acabe el año la factura de la luz será aproximadamente cero. Esto se puede hacer en edificios, centros comerciales o una industria, solo se tiene que ampliar la capacidad”, dice López. (I)