Por Luis Freire Adrián, Esmeraldas

La playa de Las Palmas, en el norte de Esmeraldas, sufrió la contaminación e impacto ambiental por vertederos de petróleo en dos acontecimientos: el 25 de febrero del 2017 y el reciente del 19 de julio de este año.

Unos 20 barriles de crudo se derramaron por un daño en una válvula de las tuberías del terminal marítimo de Balao en 2017.

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La Fiscalía inició de oficio una investigación previa por un posible delito ambiental. El propósito fue determinar las causas que originaron el derrame de petróleo en el sector del Terminal Petrolero Balao (Tepre), ubicado al final de la playa de Las Palmas.

El fiscal encargado de la investigación en esa fecha, Gorky Ortiz, efectuó el peritaje de inspección técnica ocular con personal especializado del Ministerio del Ambiente para esclarecer las posibles razones del derrame.

En el incidente ambiental del miércoles de esta semana fueron unos 1.200 barriles de petróleo derramados, luego de que un tanque de EP Petroecuador rebasara su capacidad máxima durante un proceso de reversión de crudo, según refirió Rafael Armendáriz, gerente de Transporte de Petroecuador.

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Un 80 % del hidrocarburo derramado en la zona marítima de Esmeraldas está recuperado, según el Ministerio de Energía y Minas. Foto: Luis Freire Adrián

Unos cuatro kilómetros lineales de la playa de Las Palmas y un área marítima considerable a media marina frente a la costa fueron afectados con el hidrocarburo disperso.

Según el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, se ha logrado recuperar el 80 % del petróleo derramado. Además, el seguro se encargará de cubrir los gastos de esta emergencia ambiental.

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Este viernes 21 continuaban las tareas de limpieza y remoción de arena contaminada de la playa. Pese a la prohibición del Municipio de Esmeraldas, algunos visitantes y deportistas hicieron actividades en Las Palmas.

Además de estos incidentes, también se han registrado otros derrames de crudo, como el de junio del 2014, en que se vertieron 250 barriles al mar debido a la rotura de una tubería de abastecimiento al buque tanque Santiago, de Flopec.

Pescadores artesanales denunciaron el suceso ocurrido a unas tres millas marinas de la costa esmeraldeña. Por ello, presentaron una demanda a Petroecuador por afectaciones a sus embarcaciones, artes de pesca y motores fuera de borda.

Otro incidente sucedió en el 2016, en el sector de Wínchele, cerca de la ciudad de Esmeraldas, por el vertedero de unos 5.500 barriles de crudo debido a una brecha en la tubería del oleoducto.

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En junio pasado se produjo la afectación de la tubería del poliducto por efectos de las lluvias en la zona de El Roto (Viche), en Quinindé.

También se han registrado otros derrames de magnitud en los años 2003, 2017 y 2018, sobre los cuales no ha habido ningún tipo de reparación, según registros de fundaciones y oenegés.

$ 11 millones en pugna

Una de las peores tragedias por derrame de crudo y combustibles fue la de febrero de 1998, que originó un dantesco incendio que causó fallecidos, viviendas e infraestructura afectadas en la ciudad de Esmeraldas.

La rotura de tuberías del oleoducto y poliducto en la zona de Wínchele, al parecer por el fenómeno de El Niño, habría sido la causa. Según datos de esa fecha, el derrame fue de 8.700 barriles de petróleo y 3.500 de combustible refinado, que bajaron a los ríos Teaone y Esmeraldas.

El siniestro provocó 29 personas fallecidas, entre ellas ahogados; 50 personas sufrieron heridas graves, 5 murieron durante la emergencia y el resto agonizó durante varios días. Los heridos graves fueron atendidos en hospitales de Quito y Estados Unidos.

Asimismo, 500 habitantes de Esmeraldas perdieron sus viviendas y pertenencias, de acuerdo con datos de varias instituciones.

Esto motivó una marcha de las fuerzas vivas de Esmeraldas a Quito para presentar una demanda contra EP Petroecuador y atención gubernamental.

La demanda fue presentada el 3 de agosto de 1998 ante el juez tercero de lo Civil de Esmeraldas. Un recurso legal de hecho fue aceptado por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema, el 29 de octubre de 2002.

En la sentencia ordenó a Petroecuador realizar una remediación por un valor de 11 millones de dólares en obras para el barrio La Propicia.

Monto económico que hasta la fecha mantiene en pugna, incluso con un fallecido, a una de las directivas del Comité Promejoras Delfina Torres.

De los $ 11 millones estaban pendientes $ 5′264.699,22 para proyectos de mejoras, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo. (I)