Un sistema de pago único tendrá primero toda la transportación pública municipal de Guayaquil (Metrovía y Aerovía). Posterior a esto se ampliarán e implementarán proyectos que cubran a las otras modalidades que llevaban pasajeros como a la de los buses convencionales, donde actualmente el usuario paga $ 0,30 en cada unidad o línea en la que se sube.

Así, en un año el cabildo espera poner en marcha un solo medio de pago, a través de una tarjeta, en toda la transportación pública en Guayaquil, tal como ocurre actualmente con los usuarios de la Metrovía y Aerovía.

Parte de los proyectos están ya en fase de estudios, asegura María Lorena Apolo, presidenta del directorio de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, que antes era Autoridad de Tránsito Municipal, ante interrogantes planteadas por EL UNIVERSO sobre el sistema de pago único de uso multimodal del transporte (buses, colectivos, Metrovía) que proponen organizaciones barriales de la ciudad y que consta en la primera pregunta de la iniciativa de consulta popular que envió a la Corte Constitucional (CC) el grupo social Todos por Guayaquil, el 25 de agosto pasado.

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“La ciudad está ya trabajando en estructurar un solo medio de pago (tarjeta) para el uso el de los distintos modos de transporte, y en esa línea se está trabajando para hacerlo posible dentro de los próximos doce meses. En una primera etapa, la tarjeta permitiría la integración a través del medio de pago, pero aún no se han definido las condiciones económicas. Es importante identificar que es un proceso que debe ser bien gestionado para que sea viable y sustentable en el tiempo”, recalca Apolo.

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Ella cuenta que la meta de la gestión municipal “es hacer respetar la pirámide de la movilidad”, que pone como prioridad al peatón. Y por eso se busca darle libertad de elección entre los distintos sistemas de transporte público.

Un sistema de pago único tendrá la transportación pública municipal en Guayaquil. Así, con una sola tarjeta se cancelará pasaje para ir en Metrovía o en la Aerovía. Foto Carlos Barros / El Universo. Foto: El Universo

Actualmente, la flota de buses convencionales en circulación en Guayaquil bordea los 2.300. Antes del censo del 2016 eran aproximadamente 4.000, muchos de esos ya habían cumplido el tiempo de vida útil, se dijo en ese entonces. Luego se redujo.

En la pregunta que se plantea en la iniciativa de consulta popular se habla de que la ATM deberá generar las políticas públicas e incentivos para en máximo dos años renovar las unidades de buses convencionales por eléctricas inclusivas, además de gestionar y regular el transporte público.

Apolo cuenta que desde el 2017, la ATM empezó un proceso de reordenamiento de las líneas de buses urbanos, a base de un estudio. Además, con el censo se determinó la cantidad exacta de buses que circulaban por la ciudad, y se eliminaron las unidades que habían cumplido su vida útil y los no regularizados.

“A los buses que permanecieron en circulación se les pidió ciertas exigencias como contar con un espacio para personas con movilidad reducida, cumplir la distancia entre los asientos, que tengan suficientes agarraderas y tragaluces en buenas condiciones. Esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía”, expone en referencias a las políticas y acciones implementadas por la ATM y el Municipio en favor de la renovación de las unidades de buses.

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La presidenta del directorio del ente regulador del tránsito en Guayaquil dice que con el programa de renovación vehicular ingresaron 1.000 buses nuevos entre el 2018 y el 2020, “reduciendo la vida útil promedio de buses de 15 a 9,5 años, aproximadamente”.

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Otras de las mejoras, adiciona, fue el desarrollo de los corredores de buses urbanos para ordenar a los conductores y asegurar que los usuarios ingresen solo en paraderos.

A la fecha se han implementado seis corredores de buses y en este año se adicionará uno nuevo.

Uno de los corredores viales que hay en Guayaquil, en el norte. Este, que es parte de la ruta 4, se inauguró meses atrás.

También habla de las alianzas con asociaciones y empresas que les han permitido mejorar la calidad del sistema de transportación pública.

Pone varios ejemplos. Uno, con la asociación Asopléjica, con la que pudieron instalar 204 elevadores electrohidráulicos en buses públicos. Con la empresa Moovit, el público puede ahora consultar los recorridos y tiempos de viajes estimados de líneas de buses en la ciudad.

Con la firma extranjera JC Decaux tienen un convenio, donde a cambio de la colocación de publicidad, la empresa se encarga de implementar y darle mantenimiento a los paraderos, de garantizar la iluminación, el internet gratuito, el detalle de información de ruta con alfabeto braille en los paraderos.

También la empresa Saucin realizó la compra de 20 buses eléctricos y mediante alianza se estableció la ubicación de la electrolinera.

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Para los taxis eléctricos, la ATM y el Municipio están dando un apoyo económico para la compra de este tipo de vehículos.

A la fecha, 15 taxis eléctricos que están rodando en Guayaquil fueron adquiridos a través de este sistema, se indica.

Adicional, se han implementado recorridos exprés de transporte urbano en zonas donde eran necesarios los recorridos cortos y donde existían altas tasas de informalidad, se agrega.

A futuro estas estaciones serán para taxis eléctricos. A la fecha, hay 15 taxis han podido cambiar sus unidades a las eléctricas por medio de ayuda que da la ATM y el Municipio para este fin.

Otra de las acciones que destacan es el sistema de monitoreo de los buses mediante GPS. Con esto se controla la velocidad y su ubicación, se asegura.

Por ello, Apolo no cree que sea necesario la renovación total de la flota por buses eléctricos como plantea la iniciativa de consulta popular, ya que una parte fue cambiada hace dos años.

“Es importante tomar en consideración que las unidades están aún dentro de su vida útil (prevista en 20 años). Esto a su vez, tendría un impacto en la tarifa de forma importante, o llegaría incluso a un subsidio que pueda comprometer a largo plazo una parte del presupuesto municipal. Lo ideal es que el plazo se amplíe, al menos, a cinco o seis años”, enfatiza la presidenta del directorio de la ATM. (I)