El Municipio rechazó ‘categóricamente’ el inicio del proceso administrativo sancionatorio por parte de la Prefectura del Guayas y la ratificación de la suspensión de la obra en la avenida del Bombero, sector Los Ceibos.
La Prefectura del Guayas notificó este lunes, 28 de julio, al Municipio de Guayaquil sobre el inicio del proceso administrativo sancionador por la construcción del paso elevado vehicular.
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El procedimiento arranca días después de que se dispusiera la revocatoria del registro ambiental otorgado para la solución vial, que fue suspendida en este mes.
“Este es un hecho que realmente nos debería asombrar a todos los guayaquileños y todos los ecuatorianos, porque no es posible que con una resolución inmotivada, donde no exista una pericia, donde no exista una prueba de laboratorio, donde no se hacen enunciados jurídicos de qué es lo que se está afectando, pueda ser admitida por la Prefectura para poder suspender esta obra de los guayaquileños”, señaló David Norero, coordinador legal del Municipio de Guayaquil.
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El funcionario recalcó que esta decisión se mantiene con tinte político.
“Esto claramente es en contra de Guayaquil y es una decisión política no jurídica que la rechazamos como tal”, afirmó.
Sobre la suspensión de la obra, Norero apuntó que, si existe una demanda del contratista, se tendrá que “saber que la responsabilidad la va a tener el Estado central, porque fue que a través del Ministerio del Ambiente hizo eso”.
“Lo más probable es que tengamos esa obra paralizada ahí un año sin poder hacer nada por litigios legales y ya en ese tiempo habríamos avanzado con la mitad de la obra”, manifestó el coordinador legal del Municipio de Guayaquil.
Citó que Guayaquil tiene dos construcciones en las que se emitieron certificados ambientales, ese es el caso de los pasos en la avenida de las Américas y en la Juan Tanca Marengo, frente al colegio Americano.
Ahora, para esta nueva solución vial, se tiene un registro ambiental que es un nivel más a los anteriormente otorgados para obras.
El Ministerio del Ambiente, por su parte, refiere que el proyecto requiere una licencia ambiental. Desde el Municipio, en cambio, se ha recalcado que la obra es cemento sobre cemento.
La Prefectura otorgó diez días para que la Municipalidad, a través de su representante legal, conteste de manera justificada la notificación hecha. Posteriormente, el gobierno municipal contará con un nuevo plazo de diez días para presentar las pruebas que considere pertinentes en defensa de sus derechos.
Norero señaló que la prefecta, en este caso, sí podía rechazar lo que decía un informe inmotivado por parte del Ministerio del Ambiente en virtud de no tener pruebas científicas que digan que realmente se da una contaminación.
“Todo aquello que se tome como decisión política tiene que tener un sostén jurídico, caso contrario es ilegal y arbitrario e ilegítimo”, agregó.
Tras recibir la notificación, desde el cabildo se seguirá el debido proceso y luego se analizarán acciones adicionales.
Norero indicó que se cumplirá con el procedimiento administrativo y se hará la respectiva contestación.
También, señaló, se exigirán las pericias que deberían de tenerse de forma científica, se analizará si se puede impugnar en la vía administrativa y, si corresponde, ir a través del tribunal de lo contencioso administrativo para agilizar el caso.
“Estamos en análisis de las medidas legales que se podrían tomar, pero nosotros queremos primero saber qué va a decir la prefecta”, señaló Norero.
A través de su cuenta X, el alcalde Aquiles Alvarez dijo que la prefecta, quien ya había otorgado derechos al Municipio para hacer la obra, “hoy ha violado la Constitución y ha incurrido en una falta administrativa”.
“La Prefectura del Guayas ha decidido revocar un permiso legal sin pruebas, sin inspección, sin estudios técnicos reales. Lo ha hecho irrespetando toda norma y procedimiento”, escribió.
Reiteró que “toda decisión política debe tener sustento legal”. (I)