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Nuestra democracia es ciertamente excepcional. No por ser excepcionalmente buena, sino por original y rebasar los parámetros que califican a un sistema de gobierno como democracia. Así, el régimen ha concentrado todas las funciones del Estado, este es un hecho irrebatible que sobra calificarlo de atípico y hasta contradictorio o nocivo para cualquier tipo de democracia. Justamente es lo contrario, la independencia entre las diversas tareas lo que caracteriza cualquier régimen de gobierno libertario y respetuoso de los derechos fundamentales, ya que evita el abuso y permite el control entre estas. Esta concentración genera consecuencias como la ausencia de legitimidad social en las instituciones del Estado, al convertirlas en simples parlantes de decisiones previas y originadas en el centro del poder. La Asamblea Nacional, por ejemplo, nos muestra una total fusión, con evidencia de sumisión y explicación oficial de coherencia política, entre sus titulares y miembros del bloque gubernamental con Carondelet. Y no nos rasgamos las vestiduras, ya lo hemos visto en otros gobiernos, pero en nuestra política contemporánea nunca tan intenso como ahora.
De las cortes ni se diga, antes de la reorganización en marcha y peor con esta, el control es amplio y penetrante. Tan grave que hasta se permiten, ahora, dictar un decreto “movilizando fondos y personal” por una posible “conmoción interna” debido al “represamiento de causas”. El motivo que fundamenta el estado de excepción es falso, la mora en el despacho es un vicio de nuestras cortes tan antiguo que ha servido para innumerables reformas desde hace más de 20 años. Ciertamente lo que se quiere es movilizar fondos para equipamiento, pero, además, el hecho de declarar la “movilización” del personal no tiene excusa, salvo que se pretenda asegurar la eliminación de los derechos y garantías de los servidores judiciales en el proceso de reorganización judicial. A diferencia de otros gobiernos que también le metieron la mano a la administración de justicia, este legitimó y extendió la absorción, mediante una “necesaria” y total reorganización del sistema de justicia por la vía de una consulta popular y bajo control del Ejecutivo. Añadiéndole, finalmente, un decreto de movilización de fondos y personal por posible conmoción interna, cuando, realmente, la conmoción judicial fue provocada por la reorganización. En lo que se refiere a la función electoral no hay ninguna salvedad frente a lo antes dicho, la percepción ciudadana es que su dependencia al Ejecutivo viene siendo absoluta. Y, sobre transparencia y control social, algunos de sus miembros han tenido la oportunidad de distinguirse y han hecho el amague correspondiente, pero no se ha visto nada significativo que cambie el vector.
En definitiva, democracia es libertad; respeto al orden jurídico y a los derechos fundamentales de las personas; tolerancia con la oposición; control y rendición de cuentas en las funciones del Estado; independencia entre estas, fortalecimiento institucional. No solo es mantener el derecho al voto. Dicho esto, somos una democracia de excepción o la excepción es tan grande que ya no somos democracia.
