¿Tienen las organizaciones no gubernamentales, incluyendo las fundaciones, derecho a hacer política, entendido esto como intervenir en debates y discusiones nacionales sobre asuntos públicos? Estos días tanto el presidente Correa como el canciller Patiño han cuestionado esa posibilidad, enfatizando que estas deben limitarse a actuar en aquellos ámbitos para lo cual fueron creadas. Subyace la idea de que la función principal de estas organizaciones es dar créditos, capacitación, sembrar árboles o cosas de ese estilo. Adicionalmente, en muchas declaraciones sugieren que sus declaraciones políticas están de una u otra manera influidas por ideas de sus socios externos o de quienes les financian.
Siempre recuerdo una conversación con un alto funcionario del Banco Mundial que afirmó, muy suelto de huesos, que la principal diferencia entre representantes gubernamentales y de ONG, que hacíamos incidencia en Washington, era que los primeros se habían tomado la molestia de ser elegidos por sus ciudadanos. Bajo esa afirmación está la noción reiterada por muchos gobiernos, incluyendo el nuestro, tanto respecto de periodistas como de la sociedad civil, que la única fuente de legitimidad para intervenir en el ámbito público y expresar visiones disidentes a las impulsadas por el Gobierno son las elecciones. Esta visión obviamente cierra las posibilidades de participar sobre asuntos públicos a los sujetos políticos que tienen representación en organismos como el Congreso, los municipios y el Ejecutivo.
¿Es eso así o las ONG pueden argumentar que su fuente de legitimidad es diferente? Me parece que estas la obtienen al menos de tres fuentes: las lecciones que ellas mismas sacan sobre su acción en terreno, cuando prestan servicios sociales o de desarrollo y constatan que elementos de contexto afectan a los grupos con los que trabajan; la solidez de las investigaciones académicas que respaldan sus puntos de vista; y, los marcos normativos, constituciones y tratados y convenciones internacionales y los derechos consagrados en ellos y de los que este tipo de organizaciones en muchos casos, se constituyen en sus principales defensores.
Para enfatizar este último punto se puede recordar el caso de las ONG articuladas en torno a Jubileo, que intervinieron activamente contra la deuda externa en muchos países del mundo y frente a los organismos financieros internacionales. Su eficacia estuvo dada por estudios sólidos sobre las condiciones en que se contrajo la deuda, las implicaciones que tuvo su pago para los derechos sociales básicos y el postular que había un derecho a estar libre de deuda, cuando esta había sido contraída en condiciones odiosas. Intervenían en política, claro que lo hacían, se articulaban a alianzas globales que establecían estrategias concertadas y apoyaban incluso financieramente a sus socios, obviamente. Era legítimo lo que hacían, creo que sí. Qué pronto nos olvidamos cuando éramos cachorros.
El ámbito público no se relaciona exclusivamente con lo estatal, tiene que ver con aquella esfera relacionada con los intereses colectivos, donde se confrontan ideas y se construyen sentidos comunes de diverso tipo, incluyendo la valuación de lo que hace o no hace el Gobierno. Este es fundamental para la democracia y sus procesos de cambio. En ella es imprescindible que participen la prensa, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones gremiales y de membresía de diverso tipo y en general los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de los sistemas de balances y controles imprescindibles para cualquier democracia, demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de los políticos.
