¡Noticia! El Presidente de la República declaró esta semana, en radio Quito, que la Ley de Comunicación “ni de lejos” es fundamental a su proyecto político y que ni siquiera le está haciendo seguimiento, aunque advirtió (y eso es de suma importancia) que está dispuesto a ejercer su derecho a veto al proyecto que sea aprobado en segunda discusión por la Asamblea Legislativa. La revelación ha merecido la primera plana de casi todos los diarios del país, y fueron pocos los noticieros de televisión que no lo incluyeron entre sus titulares. Lamentablemente, sin embargo, yo no creo que la noticia haya sido cierta, por el sencillo hecho de que existen suficientes indicios para tener muy claro que el control de los medios de comunicación es fundamental para el proyecto político que ha esbozado, casi de manera pública, el Gobierno de AP: la instauración de un modelo socialista que sacrifique las libertades con la promesa de justicia social. Ese es el proyecto político del que habla el Presidente. Esos son los ideales que se proclaman.
Tras bastidores, sin embargo, también se dan circunstancias más terrenales.
En días pasados, por ejemplo, la presentadora de un programa de entrevistas a escala nacional ha desaparecido de la pantalla, coincidentemente, después de entrevistar a un asambleísta de oposición que formuló duros cuestionamientos a la transparencia de los negocios públicos.
Y no es el único caso: es un secreto a voces que los medios pueden ser castigados con el recorte de la publicidad del Gobierno si los periodistas de investigación indagan demasiado o, simplemente, informan lo que estiman que debe ser de dominio público. No. Lo que está sucediendo en las salas de Redacción de los periódicos y canales de televisión es demasiado notorio como para que podamos creer que el proyecto planteado por el asambleísta Panchana y defendido a capa y espada por la inefable Betty Carrillo ha dejado de ser fundamental para “el proyecto”.
Lo que pasa, es que no tienen los votos para aprobarla. Y yo creo que el Gobierno ha perdido la capacidad que parecía tener para lograrlo, porque, cada vez más, los asambleístas van entendiendo que la ley los va a perjudicar básicamente a ellos. ¿Dónde van a hablar los diputados de Pachakutik, por ejemplo, cuando todos los canales de televisión, y los periódicos, corran el riesgo de ser cerrados por un Consejo de Comunicación controlado por el Gobierno? ¿Podrá el Movimiento Popular Democrático discrepar en alguna tribuna en contra de la Ley de Educación Superior? Es verdad que, en estos momentos, Abdalá Bucaram tiene un acuerdo político con el Gobierno y que puede expresarse sin problemas en los medios oficiales, pero… ¿y si ese acuerdo se rompe? ¿Dónde podrá defenderse si empezara alguna vendetta en su contra? Los mismos asambleístas del Gobierno, aquellos que creyeron justo levantarse en contra del fiscal Pesántez, han experimentado ya en carne propia lo que significa que el Gobierno pueda controlar a los medios. Por eso es que no hay los votos para aprobar la ley. Porque hacerlo sería suicida.
* Tomado de diario Hoy, del 3 de junio del 2010.
