En esta columna hemos planteado la necesidad de ver el desarrollo de Guayaquil en una estrecha relación con las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos, cuyas principales actividades productivas son agrícolas y rurales.
Implícita en este planteamiento está la idea de que la capacidad competitiva de la economía de la región proviene de su agricultura, pero que el desarrollo de esta depende de una política que reconozca la existencia de una nueva ruralidad, en la cual son muy importantes los vínculos del campo con la ciudad, el aumento de empleo y los ingresos no agrícolas de la población rural; los vínculos del sector de pequeños y medianos productores agrícolas y cantones rurales pobres a mercados dinámicos, y el fortalecimiento de encadenamientos productivos, que permitan construir mercados y tener una visión sistémica del desarrollo de la región y de Guayaquil.
Estas categorías nos permiten reelaborar la tradicional demanda de desarrollo local de Guayaquil. Al vincular la ciudad a la región podemos recuperar la tradición de las luchas y las identificaciones regionales; el imaginario descentralizador y montubio de la ciudad y la región. Futuro anterior: la teoría moderna del desarrollo territorial rural puede ser desarrollada como una variante de una vieja tradición descentralizadora de Guayaquil.
Este discurso interpela a un amplio abanico de actores sociales ubicados en diferentes posiciones del sistema económico, social y político de Guayaquil y la región. A los campesinos pobres, pero también a la empresa privada dedicada a actividades de producción agropecuaria o a la agroindustria y la exportación, que compran la materia prima de los pequeños y medianos productores. También a la clase media urbana de Guayaquil; a los profesionales que trabajan en la industria y el comercio de exportación. Y a las universidades, que deberían producir la tecnología y los conocimientos necesarios para aumentar la productividad.
El Estado y los gobiernos locales tienen roles importantes que cumplir, especialmente en relación con pequeños y medianos productores agrícolas y rurales, cuya productividad debe aumentar mejorando la cobertura y la calidad de servicios públicos como infraestructura, educación, salud, sistemas financieros, investigación y transferencia de tecnología, fortalecimiento de empresas asociativas, etcétera.
Este modelo supone un cambio profundo en relación con las tradicionales políticas agrícolas –intervencionistas o neoliberales– porque se apoya tanto en el sector público como en el sector privado, pero en el marco de una concepción del desarrollo territorial, en el cual los gobiernos locales descentralizados son muy importantes. También porque el modelo apunta a que los pequeños y medianos productores agrícolas se desarrollen como un sector de pequeños empresarios modernos.
De lo anterior se desprende que el desarrollo regional depende de la construcción de vínculos sociales entre los actores sociales mencionados. No depende solo de coyunturas económicas, sino de estos vínculos sociales.
Estos se deben construir alrededor del modelo de desarrollo regional; es este el que puede unificar la diversidad de actores. A su vez, sin el consenso de estos actores, el modelo no puede institucionalizarse como política de desarrollo de mediano y largo plazo. Los líderes locales y regionales deben potenciar dichos vínculos en las redes y organizaciones sociales de la región.
Nota: He tomado la decisión de colaborar en la función pública. Por esta razón, me veo obligado a despedirme de quienes, gentilmente, han leído uno que otro de mis artículos.
