En el cantón Pedro Carbo y la parroquia Laurel, de Daule, o en Vinces, Baba y Palenque en Los Ríos, se han formado asociaciones de productores apoyados por la Iglesia, como Focal, Pueblo Solidario y Prolica, los cuales al cabo de una década de trabajo han logrado desarrollar un conjunto de servicios sociales y de servicios a la pequeña producción agropecuaria.
Estos servicios redistribuyen riqueza y oportunidades para la población rural pobre, y además, aumentan la competitividad de los pequeños agricultores.
En todos estos cantones la Iglesia y los campesinos han construido clínicas particulares para cubrir la demanda de salud rural; asimismo, esos cantones y parroquias cuentan con programas de educación desarrollados desde la Iglesia. Así, las organizaciones de pequeños productores desarrollan por su propia cuenta servicios sociales cuya calidad es superior a los servicios del Estado en esos mismos lugares. Por ejemplo, la clínica ubicada en Laurel está conectada con una clínica de Guayaquil, presta atención 24 horas al día y tiene ambulancia. Se va perfilando un nuevo paradigma del desarrollo rural local.
Pero, además, estas organizaciones han creado servicios a la producción para la pequeña agricultura, como cooperativas de ahorro y crédito, sistemas de riego y asistencia técnica a la producción y empresas de comercialización de arroz, maíz y productos no tradicionales como mango, papaya y otros.
Estas experiencias proporcionan elementos de juicio para reflexionar sobre tres campos: la política agraria del Gobierno, el proyecto autonomista y el municipio rural en la Costa.
La política agraria del Gobierno hasta ahora se basa en un paradigma de política sectorial, ya superado. No se atacan las limitaciones estructurales de los sistemas económicos y sociales territoriales. La consecuencia es que no se tiene un enfoque territorial del desarrollo rural. La política está concentrada en el crédito estatal. Las experiencias campesinas señaladas nos hablan de modelos mucho más complejos, que tienen en cuenta un conjunto de variables para atacar la pobreza rural.
Además, el enfoque sectorialista de la política agrícola no parece compatible con la política de desarrollo de regiones. La región autónoma debería llevarnos a un concepto territorial realmente descentralizado del desarrollo.
Estas experiencias también deben ser tomadas en cuenta para un proyecto
de desarrollo de Guayaquil y de la región. Empresas agroindustriales de Guayaquil y otras ciudades compran materia prima a pequeños agricultores.
Pero generalmente estos productores no tienen los servicios de los campesinos de las organizaciones mencionadas. La baja competitividad y la mala calidad de la producción campesina, repercute directamente sobre la competitividad de la industria y de las exportaciones. La competitividad del territorio depende de que dichos servicios mejoren.
Para conseguir esto, necesitamos un proyecto autonómico que impulse el desarrollo regional. El enfoque de cadenas productivas nos permite ubicar los diferentes sectores sociales involucrados en esas cadenas. El discurso autonómico debe interpelar a todos esos sectores, desde los campesinos hasta los industriales y los exportadores, articulando sus diferentes demandas en un solo proyecto.
La inversión de los municipios también debe apoyar el desarrollo rural. En la mayoría de los municipios del Guayas, la inversión en el sector rural del cantón es insignificante. La mayoría de la inversión está concentrada en la población urbana, a pesar de que son cantones con mayoría de población rural. Es necesario empezar a hablar de municipios rurales. La Constitución no estableció diferencia entre municipios rurales y urbanos.
