La protesta de los profesores por las evaluaciones que realizará el Ministerio de Educación pone sobre el tapete de discusión la situación de la educación ecuatoriana. Veamos datos sobre la educación en la Costa.

La región que tiene los mejores índices de desarrollo educativo es la Sierra, en años de escolaridad (7,5%), primaria completa (67,8%) y secundaria completa (24,6%). En esos mismos conceptos, la Costa tiene, respectivamente, 7,2%,  65,5% y 21,6%. La Costa está por detrás de la Sierra, y la diferencia entre las dos regiones aumenta a medida que aumenta el nivel educativo. En educación universitaria la diferencia es mayor.

En Guayas, Los Ríos y Santa Elena, las mayores inequidades se producen entre el área rural y urbana. En cantones altamente urbanizados como Guayaquil, la población sin educación llega al 8,9%; en los cantones rurales ese índice es cerca del 20%.  Esto, para no hablar de la educación agropecuaria, a la cual no accede más del 2% de los agricultores. También hay diferencias en la Costa en el menor acceso de las mujeres a la educación.

Esos índices nos hablan de la bajísima cobertura del servicio de educación pública en la región. Pero no dicen nada de la mala calidad del mismo. Hay información dispersa que revela que los estudiantes emigran a universidades extranjeras a estudiar agronomía, por la mala calidad de la enseñanza universitaria nacional. Esto revela una desconexión entre el sistema educativo y el aparato productivo. La falta de investigación y producción de tecnología en las universidades nacionales y de la región impide que estas respondan a la demanda del mercado laboral y de otros insumos.

La educación aporta dos elementos decisivos para el desarrollo de los estados y las regiones: ciudadanía y competitividad.

La baja cobertura y la mala calidad de la educación en la Costa repercuten directamente sobre la competitividad de la economía regional. Esto lo sabe  agroindustria, que se abastece de materia prima agrícola producida por pequeños y medianos agricultores que no han terminado la primaria o que nunca estudiaron y que, en parte, por eso no pueden producir con calidad. Por supuesto, esto afecta a todo el sector empresarial.

La conclusión es que estamos frente a un problema  sistémico.  La educación está inextricablemente ligada a la economía. Los agentes del mercado  y los ciudadanos no podemos superar este problema actuando como sujetos privados aislados. Por esto, el cambio del sistema educativo debe ser parte de un movimiento de desarrollo regional. El Contrato Social por la Educación ha denunciado el centralismo, la ineficiencia y el desperdicio de recursos en el MEC. Hay una distribución inequitativa del gasto per cápita por provincias.

La descentralización de la educación debe ser una demanda regional ciudadana. Entre el 2001-2004, trece municipios solicitaron la descentralización de la educación. Hay gobiernos municipales y provinciales que invierten en educación cada vez más.

La demanda de educación de calidad descentralizada puede funcionar como un significante que unifique a una amplia gama de sectores sociales en la región, desde los agricultores hasta los empresarios, pasando por trabajadores, sectores medios profesionales y población marginal urbana.
Un servicio público de educación de calidad produce cohesión social.

Pero, por otro lado, el tema de la educación de cobertura y calidad deja ver cómo se puede articular equidad y competitividad: la educación de calidad es un derecho social de los ciudadanos, pero la sola realización efectiva de este derecho también significa aumentar la competitividad sistémica del territorio.