Las declaraciones oficiales de convertir a la ciudad de Milagro en la capital administrativa de la Región 5, contienen supuestos y consecuencias sobre las cuales es importante reflexionar.
El primero es que la administración pública sería un ámbito no político. Sin embargo, no hay neutralidad administrativa. Las relaciones sociales en las dependencias públicas son relaciones de poder. Los territorios y los sujetos sociales se constituyen en íntima relación con el aparato estatal. En un país como el Ecuador en el cual existe un conflicto regional importante, la definición de fronteras –aunque solo sean administrativas– necesariamente se politiza. De hecho, esto es lo que ocurrió con las recientes declaraciones oficiales.
La Región 5 es una unidad administrativa compuesta por las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena, con exclusión de Guayaquil, que se convertiría en Distrito Metropolitano. Pero esto anticipa la formación de la Región 5 como unidad política, pues la Constitución señala que las regiones solo pueden formarse entre provincias contiguas.
La formación del Distrito Metropolitano de Guayaquil no solo que requiere de un proceso de elaboración, discusión, consulta y decisión en el gobierno municipal y en instancias políticas nacionales, sino que también debe haber un proceso de discusión y negociación con cantones vecinos. De manera que los límites del Distrito no pueden estar claros por ahora ni se puede suponer cuáles van a ser. Las declaraciones oficiales suponen que el cantón Guayaquil se constituirá solo como Distrito Metropolitano.
Por otro lado, la formación del Distrito y de la región –de la cual formarían parte las provincias mencionadas más arriba– no debe alterar los equilibrios de poder interregionales. Es muy importante tener en cuenta que los vínculos de Guayaquil con las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena son decisivos para impulsar la descentralización del Estado y construir una economía regional y nacional competitiva. Guayaquil es el mercado y el puerto de exportación al cual están articuladas once cadenas agroindustriales, desde la producción de arroz y maíz hasta la exportación de banano, cacao, café, camarón, y otros. A esto hay que agregar los flujos migratorios intrarregionales.
Si se debilitan los vínculos institucionales de Guayaquil con la región, se producirá un desfase entre el sistema político regional y la economía de la región, que seguiría fuertemente vinculada a Guayaquil. El gobierno regional no podría contar con una política económica y un proyecto de desarrollo regional, porque el principal mercado de la región quedaría fuera de su territorio. Para desarrollarse, los cantones y provincias vecinas con altos índices de pobreza necesitan estar ligados a mercados dinámicos.
La identidad de la región y de los sujetos políticos y sociales de la misma está íntimamente relacionada a este el sistema de interdependencias que mantienen entre sí los agentes de la economía regional. Aquí es imposible separar cultura y sistema político regional de su economía. Se los puede distinguir, pero no separar.
Dentro del conjunto de provincias mencionadas, la posición de Guayas y Guayaquil es decisiva para luchar en el futuro por una autonomía real. El Consejo Provincial del Guayas y el Municipio de Guayaquil, como instituciones, son mucho menos dependientes financieramente del Estado central que otros municipios y consejos provinciales de la región. Esto les ha permitido liderar en la región el movimiento autonomista. Este liderazgo depende de la formación histórica de instituciones de desarrollo local propias, alrededor de las cuales se ha forjado la identidad de la ciudad.
