domingo 28 de septiembre del 2008 Columnistas

Fin del régimen

Las encuestas dicen que hoy los ciudadanos ecuatorianos vamos a aceptar la propuesta del Ejecutivo de abandonar la democracia representativa y reemplazarla por un sistema de democracia participativa. Los electores estamos dispuestos a ceder una parte de nuestros derechos a los activistas políticos.

Bajo el sistema de democracia representativa, el que prevalece en los países democráticos, los electores de manera periódica escogen en las urnas entre los candidatos que se presentan a quienes gobernarán nuestros destinos por un lapso fijo. Los gobernantes tienen amplias atribuciones, pero encuadradas dentro de la ley y vigilados por las cortes.

En todas partes del mundo los electores son susceptibles a equivocarse. La democracia representativa no es garantía de buen gobierno. Pero asegura que si el electorado está insatisfecho con la gestión de un gobernante, en la siguiente elección vota por la oposición. Para lo que es mejor la democracia representativa es para evitar los gobiernos despóticos.

El proyecto de Montecristi subordina a los representantes del pueblo al control de un nuevo y poderoso quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyos integrantes se seleccionarán “de entre los postulantes que propongan las organizaciones de la ciudadanía”. Es el sistema de democracia participativa.

Este Consejo de Participación establece mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, ejerce veeduría ciudadana y control social, investiga denuncias sobre actos y omisiones, impulsa acciones legales contra quienes existen indicios de responsabilidad, organiza proceso de vigilancia y ejecución, entre otros.

Se crean también “consejos nacionales de igualdad” para velar por la vigencia y ejercicio de los derechos constitucionales. Se conforman con representantes del Estado y de la sociedad civil.

La democracia participativa significa que los grupos de presión, los activistas que tengan una agenda que cumplir, pasan a ser poder del Estado, sin haber sido elegidos. El ciudadano que vota pero que se dedica a trabajar y deja a los gobernantes en paz será un ciudadano de segunda.

Hay dos desenlaces posibles bajo la democracia participativa:

Uno, que en efecto las personas que consigan ser reconocidas como la personificación del pueblo ejerzan el control social: a quien se considere, por ejemplo, que sea “la mujer afroecuatoriana”, “el defensor de derechos humanos”, “el cholo de la Península”, “el defensor del manglar”, “el indígena ecuatoriano”.
Como los voceros de los grupos de presión no tienen la necesidad de transar con otros sectores de la sociedad, el resultado será el caos: paralización de los poderes elegidos por el pueblo.

El otro desenlace posible que permite la gobernabilidad, y es el que prevalece en los países en que existe democracia participativa, es que el Gobierno controle al “pueblo” participativo. En cuyo caso deja de existir equilibrio de poderes; el Ejecutivo puede recurrir al control social para hostilizar al Congreso, las cortes  y a personajes incómodos.

En el Ecuador de fines del 2008, ¿quién será el pueblo? ¿Los activistas  o el Gobierno? ¿Caos o autoritarismo?

Cae el telón sobre un mundo imperfecto, con injusticias, desigualdades, pero en el cual las personas tenían libertades. A partir de mañana entramos en lo desconocido.

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