La Defensoría Pública y el Ministerio de Justicia buscan coordinar acciones para hacer efectiva la aplicación del decreto que anunció el presidente Rafael Correa, para indultar a las mujeres que cumplen sentencias por transporte de drogas en su cuerpo (mulas).

Ambas instituciones, según Ernesto Pazmiño, director de la Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública, trabajarán en conjunto para concretar el anuncio realizado el sábado pasado.

El objetivo es que el decreto, que ofreció el mandatario durante la última campaña electoral, se cumpla antes de las fiestas de Navidad, “para que sea considerado como un regalo para las beneficiarias”.

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La Ley de Gracia le faculta al Mandatario a conceder indultos por petición expresa de los interesados, a través de un escrito, que deberá ser presentado una vez que esté ejecutoriada la sentencia.

La solicitud será procesada por intermedio del Ministro de Gobierno, quien lo pondrá a consideración del juez o tribunal competente. Este, a su vez,  determinará si se cumplieron los requisitos y decidirá si se otorga el beneficio.

Según Pazmiño, este anuncio es positivo y justo, pues, añadió, beneficia a un sector de la población de mujeres y madres que están desempleadas y que su necesidad las obligó a transportar pequeñas cantidades de droga, por cuyo error están pagando sentencias de ocho o más años de cárcel.

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Además, anticipándose al decreto, solicitó información a los centros de reclusión de Quito y Guayaquil, a fin de identificar el número de mujeres que tienen sentencias por llevar droga. En ese mismo documento deberá detallarse la cantidad de gramos de alcaloide transportados y el país de destino.

Solo en la Cárcel de Mujeres de Guayaquil existen unas 460 internas, de estas, el 80% fueron aprehendidas por tráfico de drogas y de este porcentaje, el 20% son extranjeras, todas detenidas por ‘mulas’.

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Mientras, en Quito el 75% de las 509 reclusas que hay fueron apresadas por droga. De este número, 247 ya tienen sentencia condenatoria.

TEXTUAL: Gobierno

Rafael Correa
PRESIDENTE DE ECUADOR
(1 de noviembre del 2007)
“(En Ecuador) Por una ley (antidrogas) absurda impuesta por los Estados Unidos, hoy la pena es tremendamente desproporcionada a la falta”.