Ley Topo busca reinsertar sistema mixto de pensiones

Proyecto pretende eliminar el 40% de las pensiones a cargo del Estado y aumentar  aportes de  los afiliados.

Con apenas el 24% de la Población Económicamente Activa con cobertura (es decir, alrededor de 1,2 millones de personas), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha logrado –con esos aportes– constituir un portafolio para realizar inversiones que superan los $ 2.000 millones.

Un negocio rentable que tras décadas de monopolio estatal podría abrirse al sector privado si pasa (por aprobación del Congreso o por el ministerio de la Ley) el proyecto de Ley de Racionalización Económica del Estado (Ley Topo). La propuesta aún no tiene consenso y el Ministerio de Economía, aparte de justificarla en un párrafo en la exposición de motivos del texto enviado al Congreso, tampoco ha hecho nada por difundir los alcances de su intención por reformar la Ley de Seguridad Social vigente.

¿Qué plantea la Ley Topo en lo que se refiere al sistema previsional? Modificaciones de al menos 40 artículos y la inclusión de una docena de disposiciones que buscan, principalmente, reinsertar el sistema mixto de pensiones (declarado inconstitucional en febrero pasado), eliminar el pago del 40% de las pensiones a cargo del Estado y aumentar los aportes de los afiliados.

El Ejecutivo plantea la creación de Instituciones Administradoras de Recursos Previsionales (IARP) para que inicien sus operaciones “a más tardar” el 1 de enero del 2007.

El esquema de aportes para las IARP también cambiaría, lo que le permitirá actualizarse, pues la base del cálculo ya no sería en cuanto a los tres niveles de ingresos de los afiliados ($ 165, $ 500 y más de 500 dólares), sino en función de la remuneración mensual unificada básica. El mecanismo para calcular la rentabilidad mínima de las IARP sería establecido por la Superintendencia de Bancos a través de una resolución.

Manuel Vivanco, representante del sector privado en el IESS, sostiene que “lo fundamental es la implantación del sistema mixto que fue anulado por el Tribunal Constitucional” y explica que con las reformas se incrementa el aporte de los afiliados.

Según el Ejecutivo, el fin es “promover un verdadero sistema mixto que incorpore los seguros obligatorios (individual y solidario) y voluntarios, así como la participación del sector privado en inversiones, administración de cuentas y entrega de prestaciones”.

Sin embargo, Ramiro Rivera, diputado de la Democracia Popular (DP), cree que “se deja el hueso para el Estado y la carne para las empresas” y que ese será uno de los principales temas de discusión en el Congreso. A esto se suma la propuesta del Gobierno de considerar al 40% que el Estado aporta por concepto de pensiones jubilares, como abono del déficit actuarial (estimado por el Ministerio de Economía en $ 5.000 millones).

Vivanco reconoce que esa reforma “es muy compleja, porque significaría que el Gobierno deje de transferir unos $ 300 millones anuales”. Gerardo Ramos, presidente de la Confederación de Jubilados, advierte que “eso no pasará por inconstitucional”.

La Ley Topo revisará las pensiones “en sujeción a los resultados de los balances actuariales aprobados y auditados, respetando el límite del gasto” establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que elimina la discrecionalidad que actualmente tiene para ello el Consejo Superior del IESS. Las autoridades del IESS explicarán las reformas a la Comisión de lo Económico del Congreso.