Bajo el pretexto de facilitar la gobernabilidad del Ejecutivo, en diferentes momentos y sobre todo en el texto constitucional de la Asamblea de 1998, se limitaron severamente en el papel las competencias de los legisladores.
Se quitó al juicio político la posibilidad de destitución a los ministros de Estado, con lo que el único instrumento efectivo de fiscalización política, que no sea circo ni blablablá, fue eliminado; de ahí que es una burla hablar de la competencia de fiscalización sobre el Gobierno porque solo sirve para el discurso, siempre con matices de politización. Todo Ejecutivo tiene en la práctica patente de corso.
En materia de presupuesto, el vecino de columna, Pablo Lucio Paredes, señalaba que los alcaldes para no tener que tramitar partidas extrapresupuestarias deberían preocuparse que en el presupuesto que apruebe el Congreso estén las partidas que requieren. Grave error, porque el Congreso no aprueba el presupuesto por partidas, sino por sectores globales, educación, salud, etcétera.
En la práctica, los partidos y los políticos influyentes no votarán por el presupuesto mientras en el Ministerio de Economía, sin entrar en la discusión del Congreso, les den las partidas que quieren. Solo los guacharnacos ponen la cara o la firma para partidas “extrapresupuestarias”. Por eso los palos gruesos solamente reclaman lo que ya está en el presupuesto, si tuvieron influencia cuando lo elaboraron, los otros piden limosnas no presupuestadas. Lo lógico sería que se discuta el presupuesto todo encima de la mesa.
Los legisladores no pueden presentar proyectos que signifiquen ingresos o gastos, caso en que la iniciativa solo puede ser del Ejecutivo. Claro está que aquello se refiere a los guacharnacos, porque los influyentes pueden presionar proyectos de ley si el Ejecutivo no se les somete.
Se supone que los legisladores legislan, pero con la interpretación del Ejecutivo de que la no insistencia de los dos tercios del Congreso Nacional equivale a allanamiento en los vetos presidenciales, realmente, cuando el Ejecutivo discrepa con la mayoría del Congreso, le es suficiente conseguir que 42 diputados se pierdan, no vayan, para convertirse en el legislador único, no importando qué piensan los otros 81 legisladores.
Para someterse estrictamente a la Constitución y a la ley, los legisladores lo único que deben proponer a sus electores es que van a ser incondicionales del Ejecutivo o van a tener fuerza para imponer condiciones, caso contrario que van a legislar en materias no económicas, siempre que el Ejecutivo esté de acuerdo. ¿Por quienes digan eso votarán los electores?
La solución está en una verdadera reforma constitucional y legal que rescate la dignidad por la transparencia, que acabe con normas hipócritas hechas para la corrupción como son las prohibiciones existentes.
Lo de las tres C, que titula el artículo, lo explico. Un alcalde de cantón pequeño me dijo que en su experiencia municipal la clave para recibir algo son las tres C:
Contratista sugerido, Comisión mediante sobreprecio y Condecoración para quien da la “asignación”. ¿No sería bueno que parte de la transparencia sea prohibir dar y recibir condecoraciones?
