Son 56 actos administrativos sustanciados en contra de varios medios a los que la misma Supercom revisará si se resolvieron legalmente.
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En la Superintendencia hay 98.000 leyes de Comunicación de bolsillo que no se pueden “mover” hasta que Contraloría determine si hubo irregularidades en la contratación para su impresión, que se hizo en la gestión de Carlos Ochoa.
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Supercom pedirá este lunes a la Contraloría un alcance sobre un examen especial que realiza a los actos administrativos y financieros de la institución.
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición está “haciendo consultas” para decidir si elige o no al titular de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), pese a que el presidente Lenín Moreno le remitió la terna hace un mes.
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La defensora del Pueblo Gina Benavides cuestionó que la entidad que preside asuma funciones de la Supercom. El gobierno, promotor de las reformas, asegura que no habrá "censura previa".
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