Contraloría hereda 59 procesos de la Supercom contra medios de comunicación

“Tras cumplirse el plan de liquidación, la Supercom finaliza sus actividades. Hemos cumplido con la ruta trazada para el cierre”, reseña un mensaje en el portal web de la Superintendencia de Comunicación, institución que se extinguió definitivamente el 31 de julio.

La entidad se constituyó en octubre del 2013 tras la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en el gobierno de Rafael Correa, quien designó como su primer superintendente a Carlos Ochoa.

Él solía desafiar a los periodistas con la frase “la ley es la ley, ni se transa, ni se negocia”, hasta que en el 2018 fue destituido del cargo por un informe de la Contraloría General del Estado que le determinó responsabilidades administrativas por decisiones tomadas en cargo como director de noticias en la estación Gamavisión. Luego huyó del país, ya que fue acusado del presunto delito de falsificación y uso de documento falso.

Con su salida, el puesto lo asumió por encargo Édison Toro; pero quien finalmente cerró las puertas del ente fue el liquidador Bernard Gambarrotti.

La Supercom tramitaba denuncias en contra de los medios de comunicación y periodistas planteadas por la ciudadanía o por oficio (por la misma institución).

Según un reporte final del cierre, durante los cinco años que mantuvo funciones activas, se tramitaron 1.200 procesos, de los que 662 provinieron de denuncias; y, 550 por oficio.

En detalle, de los 1.212 procesos, 707 recibieron una sanción; 147 fueron desechados; y, 358 archivados.

Entre los 707 que recibieron una sanción, estas correspondieron a 428 pecuniarias (pago económico); 172 amonestaciones; 26 rectificaciones; 28 réplicas; 34 disculpas públicas; 18 suspensiones; 1 otras.

Con la promulgación de las reformas a la LOC en febrero pasado, en las que se dispuso su extinción, también se ordenó que concluyan los procedimientos administrativos en curso “dejando a salvo el derecho de los interesados”; y, aquellas sanciones pecuniarias también se extinguirán, concluyendo los procesos en trámite tanto en vía administrativa como en la vía judicial.

Es así que 59 expedientes pasaron a la Contraloría para que resuelva o archive.

Había 225 funcionarios laborando en la institución, de los que 125 tenían nombramiento definitivo y estaban en proceso de reubicación en 32 instituciones. Mientras que las otras 100 correspondían a partidas de contratos ocasionales que habían sido desvinculados.

De la fachada del edificio se quitaron los letreros que referían su existencia, promoviendo el eslogan “La comunicación es un derecho”. Está vacío y ahora será un inmueble más del Estado.

Los últimos $ 3 millones que tenía como presupuesto para funcionar durante este año serán devueltos al Ministerio de Economía y Finanzas. Quedó en cero. (I)