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A finales de enero pasado el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa salió de Ecuador con rumbo a Bolivia.
El Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia recibió en febrero pasado la solicitud de Carlos Ochoa y Sofía Espín.
Los últimos $ 3 millones de su presupuesto serán devueltos a Finanzas.
El expresidente Rafael Correa; su secretario de Comunicación, Fernando Alvarado; su primo y expresidente del Directorio del Banco Central, Pedro Delgado; entre otros, conforman la lista de prófugos de la justicia que fueron parte de ese gobierno o de las filas de Alianza PAIS.
Fiscalía formuló cargos por el delito de falsificación y uso de documento falso, pero finalmente acusó en calidad de autor del delito de falsificación ideológica a Ochoa.
La Fiscalía insistió en pedir como medidas cautelares personales y reales la prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes por un monto de $86.240 contra Ochoa.
El exsuperintendente de Comunicación, quien estaría en Bolivia según el Gobierno Nacional, aseguró que en su caso no se ha respetado el debido proceso.
De acuerdo a la respuesta de Interpol, el delito por el que se pide la difusión roja es un "delito de carácter administrativo".
El Conare tiene 120 días para poder procesar el tema, para analizar y recabar toda la información que sea necesaria", afirmó el jefe de la diplomacia boliviana.
El exsuperintendente de Comunicación y la exasambleísta están en ese país, mientras son buscados por la Justicia.
La ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que Espín y Ochoa están en Bolivia tras huir del país el año pasado en medio de investigaciones en su contra.
Ochoa al igual que la exasambleísta de la bancada autodenominada Revolución Ciudadana, Sofía Espín, estarían en Bolivia tramitando un asilo diplomático.
El exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y la exasambleísta de la bancada autodenominada Revolución Ciudadana, Sofía Espín, están en Bolivia tramitando un asilo diplomático.
Pide a Interpol para que emita la difusión roja en contra de Ochoa, debido a que él está fuera del país.
Se espera realizar la diligencia a las 14:45 del jueves 24 de enero de 2019.
La Fiscalía planteó este requerimiento por presunta "falsificación de documento, cuando habría aplicado progresivamente sanciones que no constaban en la ley (de Comunicación) a varios medios de comunicación".
Son 56 actos administrativos sustanciados en contra de varios medios a los que la misma Supercom revisará si se resolvieron legalmente.
En la Superintendencia hay 98.000 leyes de Comunicación de bolsillo que no se pueden “mover” hasta que Contraloría determine si hubo irregularidades en la contratación para su impresión, que se hizo en la gestión de Carlos Ochoa.
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que debe ser tratado al interior de la Asamblea Nacional, incluye la eliminación de la Supercom.
Presupuesto para el 2018 lo mantienen en reserva. Lo aprobado era de unos $ 11 millones.