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José Serrano no solo fue ministro en el Gobierno de Rafael Correa, sino también titular de la Asamblea durante el periodo presidencial de Lenín Moreno.
En el caso Encuentro existen dos sentenciados, dos a la espera de audiencia de juicio, uno con un trámite de extradición en proceso y dos prófugos.
Como autoras intelectuales del crimen al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio son procesadas penalmente siete personas.
Una jueza de Ibarra convocó a la reinstalación de la audiencia, pero a último momento se excusó por un conflicto de interés. Otra nueva llevará el caso.
Por dos ocasiones en el año 2024 se declaró la "nulidad total insanable" de concursos que buscaban llenar las vacantes de jueces y conjueces de la CNJ.
En total fueron allanados siete domicilios y dos dependencias del CJ en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y en el cantón Mejía, ambas en Pichincha.
Los procesados por intervenir en tres eventos que configurarían para la Fiscalía la divulgación de información restringida recibieron presentación periódica.
Responsabilidades administrativas culposas a exfuncionarios del Ministerio de Justicia, entre ellos el exministro Lenín Lara, caducaron en la Contraloría.
El exfuncionario dijo que él estuvo tres meses en el cargo y que, cuando llegó, el proceso de contratación a la empresa de EE. UU. ya estaba en curso.
Lasso aseguró que la ex fiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, estuvo informada de esa gestión.
La pena por ese tipo de delitos es de diez a trece años de privación de la libertad.
Sobre el control patrimonial, el contralor informó que durante 2025 se aprobaron 209 informes, de los cuales 79 tienen indicios de responsabilidad penal.
Una denuncia por el mismo tema se está ventilando en una corte de Florida. Ecuador demandó a la empresa estadounidense por fraude.
Aprehensión se dio este jueves 30 en Ibarra. El paradero del hombre es desconocido desde febrero pasado.
La Fiscalía solicitó que se fije fecha y hora para formular cargos a 21 personas por el supuesto delito de peculado.
En este caso se investigan aparentes irregularidades en la contratación de generación térmica entre Celec EP y la empresa Progen.
“Debido al no funcionamiento y daño del sistema 1800-DELITO, la llamada telefónica no fue grabada” detalla el parte policial.
El CPCCS pidió al organismo que rechace "de plano" la demanda planteada por el legislador del correísmo Luis Fernando Molina.
La Fiscalía emitió un dictamen acusatorio para trece de los procesados como autores del delito de cohecho y a otros tres en calidad de cómplices.
La ministra precisó que al menos 46 funcionarios han sido identificados como parte de la red, como directores, técnicos, digitadores y personal de atención.