Tres meses después de que la fiscal del caso Magnicidio FV, Ana Hidalgo, presentó una demanda de recusación contra la jueza penal Daniela Ayala, el también juez penal Máximo Ortega, de Pichincha, resolvió aceptar el recurso y generó la separación definitiva del conocimiento del proceso penal en el que se investiga a siete personas como las posibles autoras intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La decisión fue tomada el 29 de abril pasado, pese a que desde enero de 2026 Ayala ya no estaba a cargo del caso Magnicidio, sino que, en su lugar, estaba el juez Geovanny Freire. La fiscal Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General, planteó la demanda de recusación por las causales 3 y 11 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero Ortega aceptó el recurso bajo la causal de recusación establecida en el numeral 11 del artículo 572 del COIP.
La norma citada por la Fiscalía y acogida en parte por el juez expone las causas de excusa y recusación y señala como número tres: tener juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes si el juicio es civil y cinco años si el juicio es penal. La misma regla se aplicará en el caso de que el juicio sea con su cónyuge, pareja en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y como número once: dar consejos o manifestar su opinión sobre la causa.
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“Se acepta la demanda de recusación presentada por la Ana Hidalgo, agente fiscal de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, en contra de la doctora Daniela Ayala, jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito. Como efecto de la aceptación de la demanda por la causal de recusación establecida en el numeral 11 del artículo 572 del COIP, la jueza demandada precitada deberá separarse de modo definitivo del conocimiento de la causa 17294-2025-00782 (caso Magnicidio FV)”, anotó el juez Ortega en su resolución.
La Fiscalía resaltó en su demanda que Daniela Ayala, pese a estar suspendida de su cargo y por ende del conocimiento del caso Magnicidio FV, elevó comunicaciones que claramente denotaban un interés extra procesal por el desarrollo del proceso penal. Esta actuación habría sido recurrente, señaló Hidalgo, explicando que la jueza, aunque estaba suspendida, volvió a dirigir una comunicación demostrando una “preocupación” por el desarrollo de Magnicidio cuando se encontraba en ejecución la medida preventiva de suspensión, denotando así nuevamente un interés en el desarrollo de la causa.
Además, se recordó que, por diversos hechos irregulares ocurridos en Magnicidio FV, la Fiscalía, las víctimas Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval y el Ministerio del Interior motivaron tres procesos administrativos sancionatorios y un proceso de declaratoria jurisdiccional previa, en el que se concluyó que la jueza Daniela Ayala incurrió en dolo dentro del caso que investiga el crimen de Fernando Villavicencio.
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“No existe una garantía real y fehaciente de que la señora jueza (Daniela Ayala) adecuará sus actuaciones al principio de imparcialidad e independencia durante la tramitación de la referida causa. (...). Existen sospechas objetivamente justificadas de que las conductas exteriorizadas por la juzgadora Daniela Ayala Álvarez (...) son ajenas a la naturaleza propia del proceso y permiten temer que las consideraciones expuestas, los expedientes disciplinarios y procesos sancionatorios que han surgido en torno a las actuaciones en la causa n.º 17294-2025-00782 (Magnicidio FV) se utilizarán como criterio de juicio para la tramitación y resolución de la presente causa”, refirió la Fiscalía.
La instrucción fiscal en lo que se conoce como el caso Magnicidio FV se inició el 3 de septiembre de 2025. Ahí se formularon cargos contra José Serrano, exministro del Interior de Rafael Correa; Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis; Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Salcedo, condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en las áreas públicas de la salud y la justicia.
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El 10 de febrero siguiente fueron vinculados a la causa los cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en España; su hijastro Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, quien fue expulsado de Colombia y desde el pasado 19 de marzo está internado en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, también detenido en El Encuentro.
Según la investigación, los tres integrantes de Los Lobos vinculados habrían coordinado el ataque con apoyo de grupos irregulares armados de Colombia por pedido de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, procesados como presuntos autores mediatos. Para la Fiscalía, alias Pipo activó la estructura criminal y ordenó la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento de la víctima; alias Lobo Menor tuvo el control directo del grupo armado; y alias Gordo Luis habría entregado medio millón de dólares para la contratación de los sicarios.
Para el 5 de junio próximo se ha definido la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los siete procesados en el caso Magnicidio FV. (I)
