Finalmente la Revolución Ciudadana oficializó el pedido de juicio político, tan anunciado por esa agrupación, contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Antes de la posesión de la Asamblea Nacional el tema ocasionó un cruce de palabras entre el expresidente Rafael Correa y el actual titular del Legislativo, Henry Kronfle, quien negó que el asunto haya sido parte de los planteamientos del acuerdo parlamentario y el primero dijera que mentía.
Las cartas están echadas y el accionar de los bloques políticos será el que hable, más allá de que se deben cumplir plazos y seguir un orden. Para presentar el pedido de juicio político la RC tiene los votos, no necesita de otras bancadas, pero para una censura sí debe sumar 70.
De la Comisión de Fiscalización tendrá que salir uno o más informes con una recomendación que llegará al pleno para su votación. Esto sería dentro de catorce meses, calcula el presidente de la Asamblea en un pódcast de este Diario. Antes deben tratarse siete juicios políticos: cinco que quedaron pendientes o fueron suspendidos por efectos de la muerte cruzada del 17 de mayo de 2023 y dos que se adelantaron al que apunta a la fiscal, quien ha salido al paso asegurando que el proceso es parte de una búsqueda desesperada de impunidad.
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¿Cuántos votos necesita el correísmo para censurar y destituir a la fiscal general?
Una de las funciones del Legislativo es fiscalizar. La ciudadanía aspira a que esta nueva Asamblea cumpla sus obligaciones con responsabilidad y trasparencia, sin que primen los intereses particulares; que actúe sin odio, revancha ni confrontaciones, una práctica rechazada en las urnas.
La Asamblea, en la figura de sus miembros, no puede meter la mano a otras funciones del Estado, por ello es correcto que ni la censura a la fiscal o a otros funcionarios haya sido parte de un acuerdo entre fuerzas políticas, como afirma el presidente del Legislativo. La fiscal ha dicho que su compromiso “sigue siendo con la justicia”. El de la Asamblea es trabajar por leyes en beneficio del Ecuador y fiscalizar, sí, pero con honestidad, responsabilidad y transparencia. (O)
