Ningún momento es oportuno para que un país se paralice o su población sea sitiada y desabastecida. Sin embargo, quienes buscan conseguir un fin planificado elegirán el momento más crítico y acciones contundentes para lograr su cometido, aunque esto incluya intentar derrocar al Gobierno democráticamente constituido.

Transcurridos 18 días de un paro que ha tenido como víctima directa a la población que quedó indefensa, ayer se llegó a un acuerdo. Tras admitir, el miércoles, un nuevo intento de mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Gobierno aceptó reanudar el diálogo con la Conaie, que había resultado infructuoso por posturas inflexibles de la dirigencia indígena.

Ahora son varios los aspectos sobre los que hay que reflexionar y adoptar resoluciones, pues en Ecuador existen realidades que deben conciliarse con el fin de conseguir un bienestar común en paz; y para ello se requiere que las partes intenten conocer y comprender al otro.

Una minoría –el indigenado– acciona, de manera reiterada, para imponer su visión a una mayoría de la población que queda en la indefensión cuando policías y militares, que por ley deberían protegerla, se ven impedidos de utilizar sus medios porque se esgrimiría que el Estado criminaliza la protesta. En tanto que los manifestantes causan destrozos, desabastecimientos, heridos y hasta muerte.

Es preciso que se potencie una inteligencia colectiva para que la ciudadanía y los actores políticos comprendan que es preciso resolver necesidades que dan pie a las protestas sociales, pero a la vez cuál es la forma de financiar esas soluciones, de manera que las exigencias no resulten inviables y los acuerdos no terminen redundando en complicaciones para otros sectores. Porque si de exigir se trata, todo aquel que pueda ejercer fuerza o dominio pondrá contra la pared al gobierno de turno, más aún si su finalidad es derrocarlo. En especial, por la razón anotada, debe garantizarse que en esta ocasión no reine la impunidad para quienes causaron tanto caos, pérdidas y zozobra. (O)