Desde que se inició el siglo XXI los ecuatorianos han sido testigos de tres paros nacionales convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los tres por el mismo motivo: eliminación de subsidios a los combustibles. La paralización que se vive hoy es por el diésel.

Las consecuencias también se repiten y representan un enorme daño al país. Solo por mencionar un sector, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) calculó pérdidas de entre $ 2 millones y $ 2,5 millones por el bloqueo de vías en el primer día de paralización, el lunes pasado. Fueron afectados 33.000 trabajadores que no pudieron llegar a las plantaciones.

Datos del Banco Central del Ecuador (BCE) registran que en 2019, en las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, hubo pérdidas generales por $ 821,7 millones; y en 2022, en el mandato de Guillermo Lasso, llegaron a $ 1.115,4 millones.

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Ecuador no puede darse el lujo de paralizar la economía. La reactivación del país requiere del aporte del sector público y privado, de la sociedad en su conjunto.

Hay que buscar abrir canales de acuerdos, más allá de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía este 23 de septiembre reiteró, junto con la Conaie, que “no hay diálogo” y que el paro es progresivo; y de que el 15 de septiembre la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, había dicho que “no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generarles pérdidas a quienes más necesitan trabajar”, refiriéndose al movimiento indígena. La palabra en la materia la tiene el presidente Daniel Noboa, quien sí advirtió hasta este martes que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio. La protesta social también debe oír.

Los programas de incentivos que ejecuta el Gobierno pueden abrir una puerta y buscar coincidencias para evitar más pérdidas económicas, detenciones, daños al bien común y otros riesgos. El diálogo siempre será más efectivo para la paz y el progreso. (O)