El Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unicef y otros organismos definen a los corredores humanitarios como pasos seguros establecidos en una zona específica en conflicto –y por tiempo limitado– para el cruce de alimentos y medicinas, así como de personas heridas o con problemas de salud. En Ecuador el Gobierno ha denunciado el irrespeto a estos e incluso violencia contra convoyes que cumplen la función.
Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en Imbabura niegan que se obstruya el paso de ambulancias, camiones de oxígeno, bomberos o personas que estén en condiciones de salud delicadas, como ha sostenido en redes sociales la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro de Interior, John Reimberg.
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El pasado 1 de octubre la segunda mandatario solicitó, mediante un video, permitir el paso de un camión de oxígeno para un centro médico de Otavalo, en la provincia de Imbabura, centro de las protestas. Cuando una vida está de por medio hay que ceder por más legítima que se considere una postura.
El derecho a la resistencia está estipulado en la Constitución vigente desde 2008, pero en el mismo texto se consagra el derecho a la vida. A todos corresponde respetar las leyes que rigen al Ecuador.
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Además, el bloqueo de corredores humanitarios vulnera normas del derecho internacional humanitario (DIH) que pueden configurarse en delitos graves tipificados en el derecho penal internacional.
Pero más que de delitos es urgente hablar de humanidad, de solidaridad, de vidas de hermanos ecuatorianos.
La Conaie niega que se estén dando bloqueos en los pasos humanitarios, así debe ser. Todos somos parte de Ecuador, sin importar razas, religiones o tendencias políticas. Una vez más urge hablar de diálogo. Distintos organismos o figuras locales se han ofrecido de mediadores, es hora de escuchar. Con la paralización pierde todo el país. Confiemos en la reflexión y mientras tanto que los corredores humanitarios funcionen. (O)