Las circunstancias por las que se dictó una pena reducida de 8 meses de prisión al responsable del incendio que devastó las laderas de Guápulo, en Quito, el pasado 24 de septiembre, deben conocerse para procurar entender la justicia aplicada.
El respeto por las decisiones de las funciones del Estado no está en discusión, pero la ciudadanía merece una explicación tras un incendio forestal que consumió más de 150 hectáreas y afectó zonas naturales y urbanas de la capital.
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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que “la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años” y en el caso de áreas protegidas la pena aumenta.
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El presidente de la República, Daniel Noboa, luego del devastador incendio, pidió públicamente que los responsables del fuego forestal sean procesados por terrorismo, delito tipificado en el COIP con penas de diez a trece años de prisión.
¿Cuáles son las lecciones tras el ‘peor’ incendio forestal ocurrido en Quito?
El sentenciado, según lo que se dijo tras su detención, fue aprehendido en flagrancia y tenía en su poder una caneca con combustible. Lo correcto es que el proceso haya sido justo y transparente. No se trata de ensañarse con un detenido y si no hay las pruebas debidas, quienes imparten justicia deben actuar de acuerdo con ello.
Lo que sí requiere la ciudadanía es transparencia. Si es inocente no puede ser juzgado y si es culpable, los atenuantes deben salir a la luz.
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Nuevo incendio forestal se registra en Guápulo, centro de Quito
La aplicación de las leyes tiene como objetivo evitar la impunidad y convertirse en una acción ejemplarizadora, para que nadie sienta que puede delinquir sin una consecuencia.
Hasta la tarde de este 5 de noviembre la Fiscalía había ofrecido un boletín informativo sobre la pena que se aspira satisfaga a la opinión pública y que todos los responsables de este incendio forestal, que causó daño a la biodiversidad y requirió recursos humanos y económicos para su control, sean localizados y reciban sanción. (O)















