Robespierre, abogado, con el crédito de ser “el incorruptible”, desde la reunión de los Estados generales de Francia, mayo 5 de 1789, convocados por el entonces Rey Luis XVI, ante la quiebra de su economía —Robespierre estaba por cumplir 31 años— representando al que se identificó como el Tercer Estado, la burguesía, que estaba tomando fuerza política, frente al clero y a la nobleza, los otros dos Estados convocados —hasta la etapa más radical de la Revolución francesa, en la que es ejecutado en la guillotina, 28 de julio de 1794—, expresó: “El terror, sin virtud, es desastroso. La virtud, sin terror, es impotente”. Pregunto: ¿para qué el orden jurídico?

La expresión que genera mi pregunta es porque, a pesar de que estamos en el siglo XXI, esa forma de decidir y actuar se evidencia en los que llegan a espacios de poder, mayores o menores, en lo internacional y en el interior de los países, aun cuando solo sean nichos de este, por quienes para evidenciar su “autoridad” asumen encarnar “la virtud”, sobre toda otra circunstancia, con el objeto de reprimir o difamar a opositores o a críticos.

En Francia, miles de los protagonistas del poder, el rey, la reina María Antonieta, los de sus entornos y los “revolucionarios” de distintos matices, cuales son los casos de Georges Danton y Camille Desmoulins, compañeros de liceo de Robespierre, fueron detenidos, juzgados sumariamente y ejecutados en la guillotina. Y le tocó el turno al propio Robespierre, como queda dicho.

Stefan Zweig puntualizó que el pecado más grave de la Revolución francesa fue “embriagarse de palabras sangrientas” (…); “los hechos siguieron fatalmente a las expresiones frenéticas”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos —Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 10 de diciembre de 1948— expresa en el art. 11 que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; y en el art. 12 que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Ya no hay “guillotina”, pero los escenarios de la imposición de la “virtud”, en la definición de los que están en espacios de poder, se multiplican. A nivel universal, el regreso del fanatismo político-religioso de los talibanes en Afganistán —parte por la corrupción del Gobierno protegido por los Estados Unidos de América—. En lo regional, los casos de Venezuela y Nicaragua, de irrespeto de argollas gobernantes, asfixiando y encarcelando a los opositores, a pretexto de que actúan por una conspiración internacional, con la cobertura del poder yanqui. La presencia del narcotráfico y su poder político y económico no debe ignorarse.

Y, en el interior del Ecuador, se invierte la presunción de inocencia por la de ilicitud, por la repetición de ilícitos encubiertos, generando otros ilícitos. ¡Sálvese el que pueda! (O)