La muerte reciente del joven senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay evidencia el resurgimiento de la violencia en la política y no solo de la delincuencia común, como se acostumbra a responsabilizar. Esto afecta y debilita al sistema democrático e institucional y siembra terror, que es lo que buscan.
Daba la impresión de que al menos la violencia política se había reducido algo (no eliminado) en medio de los conflictos armados internos que se mantienen, incluso tras la histórica firma del acuerdo de paz en Colombia en el 2016, con el entonces presidente, y luego el fracaso actual en la consecución del plan de la paz total que proclamara el cuestionado primer mandatario de hoy.
Colombia recuerda los execrables asesinatos que sacudieron al país del fiscal Rodrigo Lara Bonilla, Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán, Jaime Garzón, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro Leongómez y tantos otros más.
El asesinato de Uribe es un golpe a la democracia
Como se recoge en el país del norte, el contenido de la exitosa obra del escritor y diplomático ecuatoriano Eduardo Durán, Colombia: país de extremos, sostiene que la impunidad no solo perpetúa la violencia, sino que envía un mensaje devastador: en Colombia se puede asesinar sin ninguna consecuencia.
Esto se puede endosar al Ecuador en este siglo, cuando llegó al poder el Gobierno de la Revolución Ciudadana y durante su administración de diez años fue permisivo con los grupos armados irregulares, desbarató el sistema de defensa y de radares con el debilitamiento de las FF. AA. y la Policía Nacional y dio por terminado el convenio con los EE. UU. del uso de la base aérea de Manta para actividades antinarcóticas.
El Ecuador entró en una dinámica de una violencia inusitada, sin precedentes en su historia, y por ello se vive en medio de un conflicto armado interno y se lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico y la narcopolítica, que tanto daño han hecho.
Producto de ello se produjo el abominable magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido hace dos años, que hasta el día de hoy evidencia impunidad porque no terminan las largas investigaciones. Esto se refleja también en otros tantos casos.
Impunidad de los Estados en donde las indagaciones penales y los administradores de justicia no han podido identificar y menos condenar a los verdaderos autores intelectuales de los crímenes de Villavicencio y Uribe.
Pareciera que Colombia durante décadas, y hoy también Ecuador, están condenados a vivir en violencia y con licencia para matar, sometidos al miedo, inseguridad y desconfianza, a vivir encerrados en medio de la debilidad institucional y la falta de acompañamiento de la administración de la justicia ordinaria e incluso de la justicia constitucional.
Cada cual en su ámbito, demoran procesos que facilitan la impunidad, dejan libres a delincuentes con antecedentes penales con medidas cautelares, en donde más valen los derechos de los delincuentes que los de las víctimas. También ponen reparos y obstáculos a determinadas leyes nuevas que han entrado en vigencia a medias por suspensión temporal de algunas disposiciones con argumentos de vicios de inconstitucionalidad. Todo esto se deriva del andamiaje perverso construido con la nefasta Constitución de Montecristi del 2008. (O)