Finalmente parece que tendremos la tan anunciada consulta. Solamente parece, porque no está dicho todo ya que previamente deberá pronunciarse la Corte Constitucional. Es muy probable que este organismo rechace algunas preguntas, ya que serían reformas constitucionales que no pueden ser realizadas por esta vía. Además –y esto es lo más sorprendente–, algunas fuentes gubernamentales aseguran que se añadirán otras preguntas. Por tanto sería una labor estéril analizar todos los temas propuestos tal como están hasta ahora. Lo único que se puede hacer es tomar el anuncio como una pista general de la dirección por la que quiere enrumbarse el Gobierno.

Para entrar en el tema cabe señalar que, en el plano de lo ideal, la consulta popular es una forma de democracia directa que fortalece al régimen democrático representativo porque deja en la ciudadanía la decisión sobre determinados temas. Pero, en el nivel de la realidad deben cumplirse algunas condiciones para que ello ocurra. La primera es que los asuntos consultados sean fundamentales para la convivencia social y sean de interés prioritario para la generalidad de las personas. Aquí se advierte un primer error en el anuncio gubernamental, ya que, exceptuando los tres temas referidos a la seguridad ciudadana, los otros cinco no forman parte de las preocupaciones diarias de la mayoría.

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La consulta popular es una de las dos formas más importantes y efectivas de la democracia participativa...

La segunda condición es que, debido al costo y al esfuerzo que se necesitan para realizarla –y también por el escaso entusiasmo participativo de la ciudadanía– no es conveniente utilizar la consulta para problemas de menor importancia y que pueden ser solucionados por las autoridades correspondientes con la correcta aplicación de las leyes existentes. La propuesta gubernamental incluye temas que pueden resolverse con la legislación vigente o con reformas puntuales, como el referido a los partidos políticos y los dos acerca de aspectos ambientales. El escaso interés de la mayoría poblacional en esos asuntos puede alentar la respuesta negativa o el voto nulo. No se justifica que un gobierno se arriesgue a perder, porque la derrota no será de los temas consultados, sino de quien los propone.

Una tercera condición es que la consulta no se contamine con otros hechos políticos. Según se desprende de los confusos y contradictorios anuncios del Gobierno, se realizaría conjuntamente a las elecciones locales del próximo año. Ninguna oportunidad mejor que esa para quienes buscan el debilitamiento y la desestabilización del Gobierno. Sin mayor esfuerzo enfilarían todas sus baterías en contra del Gobierno y fortalecerían a sus candidatos al llamar a votar negativamente en todas las preguntas de la consulta. En términos criollos, el Gobierno les habrá servido el combo ideal para sus apetitos.

La consulta popular, ya sea como referendo o como plebiscito, es una de las dos formas más importantes y efectivas de la democracia participativa (la otra es la revocatoria del mandato). Por ello debe ser tomada con mucho cuidado y siempre dentro de las condiciones mencionadas antes. Nuestra propia experiencia nos ofrece las lecciones que se desprenden de su utilización como recurso político, ya sea para fortalecer a un gobierno o para superar una coyuntura compleja. Los contenidos difundidos hasta ahora y la fecha prevista no auguran nada bueno. Puede ser un suicidio con un veneno de mal sabor. (O)