Ecuador enfrenta una crisis profunda que no siempre se refleja en los indicadores económicos tradicionales, pero que condiciona el desarrollo humano y el futuro productivo, y provoca el deterioro de la salud mental colectiva. La depresión, lejos de ser un problema marginal o individual, se ha convertido en un fenómeno social alimentado por la inestabilidad económica, la precariedad laboral, la violencia persistente y la incertidumbre cotidiana. Las cifras oficiales confirman la magnitud del problema. Solo en el último año, el sistema público de salud registró más de 1,2 millones de atenciones relacionadas con salud mental, de las cuales alrededor de 146.000 correspondieron a cuadros depresivos. Entre 2020 y 2023, los egresos hospitalarios por trastornos mentales aumentaron casi un 60 %, una señal clara de que el malestar emocional no solo crece, sino que se profundiza. No se trata de percepciones, sino de una tendencia sostenida dada la situación que el país ha venido arrastrando por varios años.
La depresión afecta principalmente a adultos en edad productiva, golpeados por la falta de empleo estable, ingresos insuficientes y la imposibilidad de planificar el futuro. Vivir en estado permanente de supervivencia deteriora la capacidad de concentración, reduce el rendimiento laboral y debilita la participación social. Un país donde amplios sectores trabajan desde el agotamiento emocional ve resentida su productividad, su innovación y su cohesión social. El impacto económico es concreto, y se demuestra en diversos estudios internacionales que estiman que la depresión y la ansiedad generan pérdidas equivalentes a entre el 3 % y el 4 % del PIB debido al ausentismo laboral, la menor productividad y la salida temprana del mercado de trabajo. A escala global, estos trastornos cuestan más de un billón de dólares al año en productividad perdida, entonces, ignorar la salud mental no solo tiene un costo humano, sino también económico.
Pero el daño no se limita a los adultos, pues la depresión se filtra en los hogares. Niños y adolescentes que crecen en entornos marcados por el desánimo, la frustración y el estrés constante ven afectado su desarrollo emocional, su desempeño escolar y su autoestima. Así, la inestabilidad actual se proyecta sobre la siguiente generación, reproduciendo un ciclo de vulnerabilidad difícil de romper. Esto se suma a la deficiente educación que reciben, lo cual es uno de los motivos para que existan los jóvenes sicarios, por ejemplo.
La responsabilidad es principalmente estatal, pero recae en toda la sociedad ecuatoriana. Sin estabilidad, sin políticas públicas sostenidas de salud mental y sin atacar las causas estructurales del malestar, cualquier discurso sobre desarrollo resulta incompleto. Pero también es una tarea social dejar de minimizar esta crisis y entender que hablar de depresión no es debilidad, sino una advertencia, y que tratarla es la base para crear una conciencia social y económica sólida. Un país emocionalmente agotado no avanza. Invertir en estabilidad, bienestar y salud mental es una condición indispensable para el desarrollo humano, la productividad y el futuro. (O)