Aunque se busque por todos los rincones, es muy difícil encontrar la justificación que tiene el presidente para consultar sobre la instauración de una asamblea constituyente. La respuesta fácil es decir una vez más que la Constitución actual es un mamotreto que no permite la gobernabilidad. Ciertamente, es así y eso lo supimos -y lo dijimos- desde el momento en que quienes estaban reunidos en Montecristi creían que eran ellos los que la estaban elaborando. Pero, para reformarla en su totalidad o elaborar una nueva se requiere contar con un entorno social, económico y político adecuado y con una guía general de los temas que esa carta debe contener. Son dos condiciones que no están presentes en el país y que no se configurarán en los escasos veintiocho días que nos separan de la consulta.
En cuanto a la primera condición, cabe suponer que, aunque se superaran las protestas que han conmocionado al país durante cuatro semanas, es no solo poco probable, sino imposible que las condiciones lleguen a ser las adecuadas y convenientes para que la decisión ciudadana esté orientada por la responsabilidad. La principal de las secuelas que dejan esos hechos es la polarización. Como se conoce de sobra y por experiencia propia, esta nubla el pensamiento y deja todo el espacio a las reacciones instintivas en las que tienden a imponerse los odios y los amores por encima de la razón. Se puede asegurar que en la definición del voto no contará siquiera un tema de reforma constitucional, no se diga una propuesta de redefinición institucional, sino las posiciones a favor o en contra del presidente. Será un referendo sobre su gestión, lo que, además de resultar inútil para la reforma constitucional, entraña un enorme riesgo para su propia gestión.
Por otra parte, si se aprueba la convocatoria a la asamblea se abrirá un período de incertidumbre respecto al orden jurídico prevaleciente en el país. Hay que considerar que el proceso durará alrededor de dos años, en los que, además de la consulta ya convocada, se sucederán tres eventos electorales (elección de asambleístas, aprobación o rechazo de la nueva constitución y elección de legisladores y seguramente de presidente de la República). Durante todo ese tiempo y en medio de las tensiones que genera un proceso de esa naturaleza, reinará la inseguridad sobre el orden vigente, de manera especial sobre las reglas que rigen a la economía. No será el ambiente más favorable para la inversión nacional y mucho menos extranjera, ni para el desempeño adecuado de las más elementales actividades económicas cotidianas.
A todo esto se añadirán los efectos negativos que tendrán las disposiciones establecidas para la elección de asambleístas. En estas se elimina la proporcionalidad con respecto a la población de cada provincia, se subrepresenta al distrito nacional, se sobrerrepresenta a las circunscripciones del exterior y se convierte a la paridad de género en un recuerdo del pasado. Incluso, prácticamente no habrá espacio para que opere la fórmula de asignación de escaños (la tan temida y mal pronunciada D´Hondt), ya que en distritos pequeños ninguna fórmula tiene efecto.
Aún hay tiempo para que el presidente reconsidere su decisión, que -cabe recordar- no era la que tenía inicialmente y se vio obligado a plantearla cuando le falló la maniobra con el Consejo Electoral. Le haría un gran favor al país y se lo haría a él mismo. (O)