El domingo 16 votaremos si deseamos una asamblea constituyente para que reemplace el mamotreto de Montecristi (444 artículos). El presidente Noboa optó por esta vía ante la negativa de la Corte Constitucional (CC) a permitir reformas legales que faciliten el combate contra las mafias transnacionales y sus aliados locales que buscan adueñarse del país. Para los criminales, las cárceles tienen puertas giratorias.

Por ese obstruccionismo de la CC, el primer eje de la agenda constitucional es redefinir hasta dónde llegan los derechos de los ciudadanos a ser libres de control estatal, y hasta dónde la autoridad del Estado para preservar el orden y combatir el crimen. Difícil definición; hay que evitar la instauración de un Estado opresivo, con servidores públicos que pueden lesionar intereses ciudadanos, pero hay que poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales y confiscar sus activos mal habidos.

Ante esa falta de recato de la CC, negando leyes que gozan del apoyo de Ejecutivo y Legislativo –por lo visto, en Ecuador no se estudia el caso Marbury vs. Madison, que definió la autoridad constitucional de la Corte Suprema de EE. UU.–, el presidente se inclina por bajar el perfil de la CC a ser una sala constitucional de la Corte Suprema.

Un segundo eje sería la necesidad de eliminar el monopolio estatal en los sectores estratégicos. No debería ser un proceso tortuoso que una empresa privada monte una refinería o una planta de generación eléctrica y que pacte condiciones de compraventa directamente con clientes industriales. No cabe que se obstruya la contratación de exploración y explotación de hidrocarburos con empresas privadas de Europa, Japón o EE. UU. para favorecer a empresas estatales como la de Belarús.

En reciente entrevista con radio Centro, el presidente sacó a relucir un tercer eje: una reforma al IESS para que sea exclusivamente una caja de pensiones. Ese sería un buen paso para la resolución de los problemas de la institución, ya que el déficit más grave es en las prestaciones de salud. El IESS recibiría los aportes de los patronos y afiliados, los invertiría –oportuna la reciente reforma legal– y velaría porque los términos de los aportes y las condiciones para la jubilación mantengan un balance que asegure que habrá los fondos para que quienes hoy aportan puedan contar con su jubilación cuando toque la hora.

Esa reforma permitiría reducir drásticamente los costos administrativos, hoy que los pagos son mediante transferencia y los trámites en línea, pudiendo la inteligencia artificial atender gran parte de ellos. Tendría que replantearse el subsidio del Estado a las pensiones, e independizar el Seguro Social Campesino.

Una reforma de esa magnitud requiere una reorganización integral del servicio de salud pública. Los hospitales del IESS pasarían a ser del MSP y tendríamos un sistema socializado en que el Estado atendería todas las necesidades de salud de la población sea directamente o a través de proveedores privados. Tendría que definirse hasta qué nivel sería gratuito el servicio público, cómo se lo financiaría y de qué cobertura adicional gozarían quienes aportan al IESS por seguro de salud.

Ya hay tres ejes. Que los precandidatos a asambleístas comiencen a estudiarlos y esbozar propuestas. (O)