El cálculo de las asignaciones de ley para los llamados Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se presta a irregularidades que, en mi opinión, por tratarse de fondos públicos, podrían caer dentro de la tipificación de peculado, lo cual, de comprobarse, sería muy grave para los involucrados, especialmente ciertos mandos medios que realizan los cálculos de los montos por transferir.

Las asignaciones tienen dos componentes: A y B. El componente A corresponde a lo que recibían antes de la vigencia del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y es mayor en monto (por ejemplo, para Guayaquil es 223,6 MM anuales, la mayoría de los cuales se debe a la Ley del 15 %, que presentó en 1996 un diputado independiente por Guayas). El componente B (49 MM para Guayaquil según proforma 2022) es “lo nuevo” y se calcula en función de siete criterios, algunos de los cuales se prestan para arrojar los resultados que el burócrata de turno quiere; por ejemplo: eficiencia administrativa, eficiencia fiscal, o mejoras en el nivel de vida, año a año, siendo que las necesidades básicas cantonales solo se tabulan en función del censo de población, el cual no se hace desde hace doce años.

El mensaje que mandan es que hay que ponerse poncho y dañar las ciudades para ser atendidos a tiempo.

Los mandos medios, por ejemplo, no se ciñen a la ley, que manda calcular según las participaciones de población de cada jurisdicción (censo), sino que usan unas proyecciones que no coinciden con el incremento de población que se obtiene usando los registros administrativos (Registro Civil), generando asignaciones arbitrarias que favorecen a unos y perjudican a otros. Como expertos en tramitología, juegan con fórmulas matemáticas que requieren miles de cálculos preliminares tan solo para determinar la asignación de un solo cantón, y empaquetan todo en lo que llaman MET (Modelo de Equidad Territorial), un conjunto de cálculos sin transparencia alguna, cuyos insumos y valores parciales el Ministerio no publica, sino que guarda bajo siete llaves, lo cual no ha impedido que se filtre el cálculo para un año en el cual, en uno de esos siete criterios, le asignaron a una sola provincia el 66 %, o sea, el doble que a todas las 23 provincias restantes juntas. La provincia beneficiada es la misma de la cual era prefecto quien votó a favor de la metodología de cálculo, en el interior del CNC, órgano que actúa como secretaría técnica de los cálculos.

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Con la reforma tributaria, las recaudaciones reales superaron las de las proformas del 2021 y 2022. Sin embargo, la reliquidación del 2021 la pagan recién en 2022 y en doce pagos mensuales, aunque las recaudaciones están en la cuenta única desde el 2021, apropiándose hasta por doce meses de dineros que por ley pertenecen a los GAD. Para el segundo cuadrimestre de 2022, ajustaron las transferencias mensuales; pero, al ver que las recaudaciones seguían subiendo, congelaron el monto para el tercer cuadrimestre.

En Finanzas, algunos actúan como dueños de dinero propio, retienen dinero de la devolución del IVA, a Solca, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y a otras oenegés les pagan como les da la gana. El mensaje que mandan es que hay que ponerse poncho y dañar las ciudades para ser atendidos a tiempo. (O)