La idea de que un título universitario abre oportunidades está arraigada en la sociedad. De ahí que los Gobiernos de todo el mundo enfrenten conflictos respecto a la demanda de cupos en el nivel educativo superior y como respuesta crean mecanismos de selección de estudiantes. En varios países hay un examen nacional, en otros, cada institución tiene sus requisitos de ingreso.
La decisión tomada por el actual Gobierno ecuatoriano de delegar a las universidades y escuelas politécnicas la selección de nuevos alumnos las corresponsabiliza y les fortalece su rol. Pero hay tres elementos a considerar. Primero, el porcentaje de acceso a la educación superior ecuatoriana es inferior al promedio latinoamericano (la tasa bruta es de 54 %, mientras que Ecuador bordea el 32 %). Segundo, existe una demanda histórica acumulada de cupos de ingreso a universidades y escuelas politécnicas públicas, con carreras tradicionales (Medicina, Derecho, Administración de Empresas, etc.). Tercero, una vez formados los profesionales enfrentan contextos de desempleo y subempleo. En resumen, hay dificultades en el ingreso, la selección de carreras y la empleabilidad.
Aunque las gestiones de Gobiernos anteriores se concentraron, entre otras, en fortalecer la oferta de carreras tecnológicas y técnicas; no obstante, las cifras oficiales muestran que dichas carreras no entusiasman a la mayor parte de la población estudiantil. Dicha circunstancia obedece a razones culturales y a razones económicas. Respecto a las razones culturales, las carreras tecnológicas no dan el prestigio social que sí lo tienen las profesiones tradicionales.
Respecto a las razones económicas, la escala salarial establecida que homogeneiza el sistema de remuneraciones, y que consta en el Acuerdo MDT2016-0156 y la disposición del Ministerio del Trabajo (año 2021) señala que quienes tienen formación técnica y tecnológica tendrían (en relación de dependencia) un salario que bordee los $ 675. Por lo tanto, al graduar la remuneración en función a la posesión de un título universitario y no en función a resultados, resulta ser una parte del problema que empuja a la ciudadanía a demandar matrícula universitaria en profesiones tradicionales y poca concurrencia en carreras cortas tecnológicas.
Mientras el país crea alternativas públicas, las familias pueden analizar las opciones educativas presenciales, semipresenciales y virtuales de instituciones privadas que presentan oportunidades y muchas están al alcance de las diversas circunstancias económicas familiares.
Una enorme tarea les aguarda a los responsables de la educación superior ecuatoriana. Solucionar los problemas de oferta académica, competencias profesionales y empleabilidad requiere la concurrencia de todas las perspectivas, por lo que conformar un foro ciudadano por la educación superior puede ser un mecanismo técnico social para analizar –sin apasionamientos y con cifras en mano– cómo organizar el acceso a la educación superior. Para saldar la deuda con la juventud debemos involucrarnos, apoyando la toma decisiones escrupulosas y transparentes. (O)