A nivel mundial se han venido desarrollando taxonomías de finanzas verdes o sostenibles, que identifican actividades y tipos de proyectos que impulsan objetivos ambientales y sociales, entre ellos la mitigación y adaptación al cambio climático, la biodiversidad y la economía circular.
Entre las primeras jurisdicciones que desarrollaron una taxonomía estuvo la Unión Europea (que reúne a 27 Estados). Otros 60 países o regiones han desarrollado o se encuentran elaborando estas taxonomías.
En América Latina y el Caribe, los pioneros fueron los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile y México; Perú está avanzando en su elaboración (apoyé dicho esfuerzo). Otros países que ya han aprobado esta clasificación de proyectos son Brasil, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y se ha avanzado en la región centroamericana.
En el caso del Ecuador, se publicó en diciembre 2025 la Hoja de Ruta para una Taxonomía Verde que busca impulsar una economía baja en carbono. “Esta Hoja de Ruta es un instrumento estratégico de carácter orientador, que establece los lineamientos conceptuales e institucionales para la construcción de la Taxonomía Verde Nacional en Ecuador”.
En general, estos documentos son una guía para fomentar el financiamiento verde o sostenible; pero no son excluyentes, es decir no impide la inversión en sectores altos en emisiones (tales como los combustibles fósiles). La Unión Europea y algunas otras jurisdicciones sí imponen requisitos de informar sobre las emisiones asociadas a diferentes proyectos de inversión.
El Ecuador también cuenta con una Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, lanzado en las postrimerías del Gobierno de Lenín Moreno.
La Estrategia presenta tres líneas de acción que delinean su implementación:
- Gobernanza clara y efectiva del financiamiento climático.
- Consolidación de un sistema financiero que integre transversalmente el enfoque climático.
- Acceso, gestión, asignación y movilización efectiva y eficiente de financiamiento climático.
La Bolsa de Valores de Quito emitió una guía para la emisión de bonos verdes y sociales en 2020, y Asobanca completó una taxonomía verde para sus miembros en 2023. El Gobierno publicó un “Marco soberano de bonos verdes” en 2023, e integró un Consejo de Finanzas Sostenibles en 2024, con participación del MEF, el entonces Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Planificación.Este Consejo se encuentra elaborando la taxonomía.
El país también fue un pionero en la emisión de bonos azules que involucraban canje de deuda. Se canjeó deuda mediante la emisión de bonos azules para la conservación de las islas Galápagos. Según datos del FMI, este canje permitió una reducción inmediata de la deuda de $ 972 millones, mientras que generaba $ 450 millones para la conservación marina. Pese al éxito financiero indudable, hay críticas con respecto al mecanismo para gestionar los recursos para la conservación, mediante el “Galapagos Life Fund”. La operación contó con una garantía crediticia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un seguro de riesgo político de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo (DFC) de EE. UU.
Posteriormente, se hizo otro canje para promover la conservación en la Amazonía, que permitió una reducción de deuda de $ 527 millones, y al mismo tiempo generar $ 400 millones que serán destinados al “Fondo Biocorredor Amazónico” (BCA) que fue creado para el efecto. También contó con el respaldo del BID y la DFC.
Ecuador enfrenta importantes necesidades de financiamiento climático para adaptación y mitigación, que el Banco Mundial estima en $ 3.700 millones anuales hasta 2050. Según el informe conjunto de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) de 2023, en dicho año Ecuador recibió $ 1.327 millones en financiamiento climático de los BMD, y $ 58 millones en de fondos climáticos multilaterales. (O)
