Nueve días después de la posesión presidencial, el Gobierno anunció un paquete de medidas. Lo hizo cumpliendo con el manual político que prescribe que tales ajustes deben darse dentro de los primeros cien días de gestión. En conjunto, tienden a poner cierto orden en la economía nacional.
La reapertura del catastro minero, después de un cierre de ocho años, es una señal positiva ante el desafío que afronta el país por la minería informal vinculada a los grupos armados del narcotráfico. La tasa de control y fiscalización que se pretende implantar tiene que ser objeto de una revisión técnica que evite desalentar las megainversiones previstas.
Respecto a la reducción del subsidio a las tarifas eléctricas en los segmentos industriales AV1 y MV, se tornaba inevitable por el estrés económico que supone para el Estado ecuatoriano la compra de energía y el alquiler de equipos electrógenos. Con el ajuste, se estima que el ingreso anual será de $ 255 millones, aunque al ser aplicado desde junio corresponderá a la mitad. Aun así, el déficit del Sistema Nacional de Electricidad sería de $ 603 millones, subsidio que tiene que ser cubierto por el presupuesto general del Estado. En 2024 la adquisición de energía a Colombia representó $ 183 millones y el presente año puede aumentar.
En tanto, los industriales han solicitado que el ajuste de tarifas sea gradual. Los atuneros y pesqueros, encajando el golpe, solicitan libre importación de diésel porque el que entrega Petroecuador será más caro y de mala calidad, a la vez que una línea de financiamiento de nuevos motores para sus embarcaciones, que cuestan dos millones de dólares con el beneficio de que consumen treinta por ciento menos de combustible.
Nada más necesario que ejecutar auditorías internacionales a la gestión y balances de Celec, CNEL y Petroecuador para permitir que se profesionalice su administración y se ponga orden en sus cuentas, incluyendo aquellas del neteo de pasivos. Al parecer, CNEL le debe a Celec $ 600 millones por el subsidio de las tarifas eléctricas, en tanto que Celec adeuda a Petroecuador $ 390 millones por la entrega de combustible asimismo subsidiado.
Aunque no fue parte del anuncio, resulta urgente efectuar una auditoría independiente al costo de las tarifas eléctricas a fin de que estas no escondan ineficiencias por factores como pérdidas “negras” desproporcionadas –energía que se genera, se distribuye, pero no se cobra–, así como exceso de personal y contratos colectivos onerosos.
El ajuste coincidió con la noticia de que Celec solicitó la terminación unilateral del contrato con Progen para la instalación de sendas plantas generadoras en Salitral y Quevedo de 100 y 50 MW, respectivamente. Debieron estar listas en noviembre pasado y ahora no estarían operativas en septiembre, cuando empiece el estiaje. No hay información oficial, pero es presumible que excedió las multas por atraso que no pueden superar el 10 % del monto contractual. Y aunque no está confirmado, el contrato de Austral para instalar una planta de 91 MW en Esmeraldas sigue el mismo camino.
Un fracaso inoportuno e inquietante ante la amenaza de apagones que se vislumbra. (O)
