De manera casi unánime, las personas que hacen opinión pública en medios de comunicación como televisión, periódicos, radios y otros, se manifiestan en el sentido de que los resultados de la consulta popular son un fuerte llamado de atención al Gobierno, porque la forma de gestión de su mandato no es considerada por la sociedad como correcta.

Muchos creen que es necesario un verdadero golpe de timón en la gestión de la cosa pública, que represente una verdadera conexión con el pueblo, desde la única perspectiva posible que es la de gobernar para todos y en especial para los que más necesitan porque son los más débiles. También algunos escépticos opinan que ese cambio es imposible, porque el presidente de la República ve las cosas de manera diferente y no cree en una forma que no sea la suya –practicada hasta este momento– como alternativa válida a ser implementada en lo que resta de su periodo. Algunos analizan los cambios en el gabinete presidencial y son críticos con esas acciones, porque en ciertos casos son los mismos funcionarios reubicados en puestos de gobierno diferentes, agregando que varios de ellos tienen competencias limitadas y no están a la altura de sus altas responsabilidades.

Consideran, quienes opinan de esa forma, que factores como la lealtad y hasta la sumisión son características más valoradas que otras que son indispensables en la toma de decisiones democráticas. Pienso lo mismo.

Sin embargo, también albergo la esperanza de que el presidente escuche el clamor que proviene de muchos sectores sociales e implemente una nueva forma de gobernar. Sin duda que es posible hacerlo, porque siempre se puede cuando se comprenden las circunstancias y se asume la necesidad del cambio. El país necesita otras formas de relación del Gobierno con la sociedad, que tengan como fundamento al entendimiento de lo que los mandantes exigen a sus mandatarios, como cambios en la conducción del destino de la nación, que los involucre como actores y no solamente como receptores de políticas o estrategias unilaterales, que claramente no han sido aceptadas por el pueblo, en su mayoría.

La institucionalización seria del Estado, requisito básico para la buena convivencia y la prosperidad de la sociedad, es uno de los objetivos que podrían ser parte del cambio, para que las funciones del poder político cumplan sus roles específicos, desde la independencia y no desde la adhesión ciega a la visión del Ejecutivo. Esta posibilidad es legítima y jurídica. Además, no representa, ni mucho menos antagonismo declarado y radical, si no que son los contrapesos que se han diseñado y promulgado jurídicamente para el ejercicio del poder en los Estados democráticos.

Siempre se puede apostar a fortalecer el imperio de la ley. Siempre se puede comunicar con todos los sectores sociales para entender su realidad y mejorar sus condiciones de vida. No desde el paternalismo y menos desde una visión única sino más bien desde la incorporación de sus criterios en la toma de decisiones que tienen que ver con su realidad y su destino. Además, es obvio, es la forma democrática de hacerlo. (O)