Gracias al Gobierno nacional por colocar decisiones y acciones en materia de salud en su lista de prioridades. Superar las falencias y la atención oportuna y acertada de quienes la demandan, debe tener prioridad.
Bien por los abonos asignados a dos núcleos de Solca, que suman $ 50 millones, sobre un total de alrededor de $ 300 millones que al cierre de junio del 2024 se estaba adeudando a Solca, sumando lo de todos los núcleos.
Varias lecciones salen del cruce de palabras sobre las falencias de salud. No suponer que debe contestarse o replicarse como juego de ping pong, por el riesgo que réplica y contrarréplica pasen a lo político. No debe ser que se perciba como que se esté inspirado en la frase “Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata”. Medias verdades, son peores que la falta pura y simple a la verdad.
Es cierto, lo señalado por el Gobierno que los saldos mayores de deudas y las falencias en salud vienen de anteriores gobiernos, realmente desde el correato, tanto por suspender la asignación obligatoria del Gobierno central para el IESS, como por politizar el pago o no pago de prestaciones médicas. La mora en que se incurrió no se corrigió, sino que se potenció en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, pero no es que en cada cambio de gobierno debe olvidarse o repudiarse las deudas existentes, las que deben reconocerse, con las debidas auditorías y revisiones, y pagarse.
¿Cuánto deben las entidades del sector público por prestaciones de salud derivadas y ejecutadas, no solo a Solca? Nadie lo sabe con certeza, mientras no se realicen las auditorías médicas.
Los acreedores por prestaciones de salud y por provisión de equipos, insumos y medicamentos no son responsables de los atrasos en auditorías, sí lo son los que oportunamente no designaron o no contrataron a las entidades o empresas auditoras, siguiendo los procesos de ley, y hay que avanzar en estos.
No deben presumirse rubros no prestados ni precios inflados, pero de evidenciárselos deben sancionarse severamente. La práctica de siempre atrasarse puede considerarse incentivo a la corrupción vía inflar precios, vía coimas para cobrar.
Se han multiplicado los casos de quejas por “malas prácticas” o por “negligencia para el diagnóstico”. Profesionales están preocupados por la tacha que implica la mención, cuando lo que no ha habido son los medios, de imágenes y de laboratorios para los diagnósticos. Cuando esa sea la situación, el médico tiene el derecho y la obligación de registrarlo, y no debe limitarse a decir “venga mañana por un acaso se repare el equipo –o se compren reactivos–”.
Y aun cuando es otra materia, no quiero omitir referirme al culebrón con auspicio político que quieren montar contra el Banco del Pacífico, solo publicitado inicialmente por Venezuela News, canal de comunicación alineado con el Gobierno venezolano. Los que intenten generar credibilidad en ese culebrón, igual que los supuestos dialogantes, deben ser investigados. La transparencia es esencial respecto a hechos y a actuaciones previas, concomitantes y posteriores. (O)
