Desde una mirada rápida, el asunto central que mueve a la política ecuatoriana en estos días aparece como un absurdo. Las dos principales fuerzas electorales se enfrentan a uñas y dientes por un personaje en sí mismo insignificante, pero que, gracias a esas mismas organizaciones políticas, ocupa un puesto central en el sistema de justicia. Cada una de ellas tiene su responsabilidad, ya sea por haberlo impulsado hasta ese lugar o por mantenerlo allí. Pero el problema es más complejo que el panorama que se dibuja con la mirada rápida. Lo que se juega no es la permanencia o la destitución de ese individuo, sino un asunto de fondo que está escondido en los cálculos de esas maquinarias electoreras.
El correísmo fue un factor fundamental para que ese abogado de sospechosa trayectoria alcanzara ese puesto que, en esencia, debería ser administrativo y de carácter interno en el organigrama del aparato judicial. Hasta este momento han logrado echar tierra sobre ese pasado y pueden aparecer como portaestandartes de la ética. El noboísmo es el arnés que lo mantiene colgado del cargo y, por lo que se desprende de las acciones y declaraciones de sus asambleístas, seguirá fuertemente amarrado desde arriba. Las maniobras de sus asambleístas en la comisión legislativa que está procesando el juicio político son el anuncio de una vida alargada.
El enfrentamiento de ambas fuerzas configura, en alguna medida y con ciertas especificidades, lo que en teoría de juegos se denomina el dilema del prisionero. Se trata de una situación en que dos prisioneros pueden optar por confesar o no confesar para influir en sus respectivas condenas. Sin entrar en la complejidad de las opciones (que incluye múltiples situaciones, favorables para el uno y desfavorables para el otro, así como favorables o desfavorables para ambos) lo que cabe para el caso actual es que cada una de las organizaciones está buscando el resultado óptimo para ella en términos electorales, sin considerar el asunto de fondo que es la crisis del sistema judicial del país. Es verdad que la presencia de ese individuo en el cargo es una afrenta no solo para uno de los poderes del Estado, sino para la vigencia del orden jurídico y para la noción de justicia, pero su cambio no soluciona el problema de fondo.
De la misma manera que en el juego imaginario, en este caso se impone el egoísmo. Cada uno privilegia su interés, sin que exista un bien superior que pueda conducir a la colaboración. Ninguno de ellos se puso a pensar en que esta pudo ser una excelente oportunidad para iniciar un proceso de reforma integral del Poder Judicial. Para nadie es desconocido que este, que es el pilar del Estado de derecho, está atacado y penetrado por las mafias y que sin un acuerdo político será imposible hacer la reforma integral que se requiere. Pero para que ese acuerdo sea posible es necesario dejar de lado los intereses electorales inmediatos y, sobre todo, aislar y sepultar políticamente a los emisarios de esas mafias que, sin duda, actúan desde adentro de esas y otras fuerzas políticas. El problema es que, igual que en el juego, son prisioneras de su propia voluntad, de una forma de hacer política que jamás pone por delante el interés nacional. (O)