En teoría todos podríamos afirmar que, para que subsista una sociedad, es necesario contar con reglas de convivencia social, a las que debe sujetarse el poder político y no abusar de su posición para dictarlas y aplicarlas en beneficio de una parte de la población y en detrimento de otra, cuanto más que dispone de la fuerza armada. Para ello, cada institución tiene un papel que desempeñar. Desde hace mucho tiempo el mundo se rige por una constitución y un guardián para hacerla cumplir, que en Ecuador es la Corte Constitucional (CC). No obstante, asistimos, como nunca, a la pretensión del Estado de imponer arbitrariamente su voluntad, ignorando las normas y al guardián. El Gobierno nacional propuso unas leyes a la Asamblea Nacional y esta, obediente, las aprobó, con el pretexto de combatir al crimen organizado, lesionando derechos fundamentales, que dicha Corte en principio está haciendo respetar parcialmente.

Los ataques a la institucionalidad de la CC vienen dándose desde que esta en algunos casos ha defendido los derechos de ciudadanos afectando privilegios, cuyos titulares y sus mensajeros, desde que se aprobó la constitución vigente (2008), no han cesado de socavarla pese a su democrática estructura, sin ser perfecta, y el reconocimiento de derechos que antes no existían.

En la última tragicomedia, los alborotadores ilegítimos han puesto el grito en el cielo porque la Corte, luego de verificar la satisfacción de los requisitos de ley, ha admitido a trámite las demandas de inconstitucionalidad de dichas leyes propuestas por personas que aman a su prójimo, y suspendido algunas de sus normas. La espiaron y supieron que venían tales decisiones. Pretenden desconocer torpemente sus atribuciones, en vez de exponer ante ella sus argumentos. Mienten diciendo que las medidas adoptadas vulneran los derechos de las familias frente a las bandas criminales. Adrede no mencionan que el pronunciamiento judicial de fondo vendrá después. Quieren poder enjuiciar políticamente a los jueces de la CC, poniéndolos a merced del poder de turno. Y el presidente de los alborotadores anuncia su presencia en la próxima marcha que emprenderán para presionar a sus odiados jueces.

¿Qué defienden esas leyes? La remisión tributaria que ha permitido que la familia del presidente rebaje su deuda al Estado de $ 76,3 millones a $ 21,7 millones. El interés de ciertos bancos de eliminar la competencia de las cooperativas de ahorro y crédito que alimentan el sistema de economía solidaria, norma que la CC ha suspendido, al igual que aquella que permite a las autoridades de inteligencia, sin orden judicial, acceder a cualquier tipo de información personal, con las amenazas legales y extralegales a los jueces que hay, también podría ocurrir con su venia; la que faculta al mandatario a que por sí solo pueda reconocer la existencia de un conflicto armado interno; la concesión del indulto presidencial anticipado que consagra impunidad con dedicatoria para los uniformados. Entre otras. Quedó debiendo la Corte suspender provisionalmente algunas normas. La calle es del pueblo, no del poder que lo atropella. (O)