Estados Unidos, Ecuador, Perú, Panamá, Colombia y Venezuela enfrentan el narcoterrorismo, cuya intensidad varía según las zonas de cultivo de coca, producción de cocaína, tránsito, consumo y flujo de dinero y armas. Entonces, resulta lógico integrar sus políticas y estrategias en una política de “responsabilidad compartida y apoyo mutuo” con una estrategia ofensiva de “empleo coordinado de las fuerzas de seguridad”, de acuerdo con las capacidades militares de cada país, aunque Venezuela permanece desalineada.
La política “América primero” de Donald Trump, inspirada en la doctrina Monroe (1823) y estrategias de Nixon-Kissinger, usa la “teoría del impredecible” y “zanahoria o garrote”. Designó a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Emplea la fuerza de tarea militar-naval como la desplegada en las aguas del Caribe frente a Venezuela, que destruyó una lancha con su tripulación calificada como transporte de droga, bloqueó esa ruta marítima generando un efecto “globo”, la presión aplicada se desplaza a otra zona, en este caso a rutas del océano Pacífico.
En Ecuador, Daniel Noboa impulsa la política “El nuevo Ecuador”, priorizando la seguridad. Su estrategia ofensiva incluye estados de excepción y operativos del Bloque de Seguridad contra cárteles como Los Choneros y Los Lobos, junto con la cooperación de los EE. UU., ratificada en la visita de Marco Rubio (secretario de Estado). No obstante, su enfoque militarista es criticado por no abordar causas estructurales, como la pobreza. Soporta el incremento del efecto globo por el bloqueo del Caribe.
Dina Boluarte, en Perú, enfoca su política en pacificar la región centro y sur, epicentro del narcoterrorismo, y combina operativos militares y la cooperación internacional. Enfrenta críticas por no atender factores estructurales, como la desigualdad.
José Mulino, en Panamá, combate el narcoterrorismo y su infiltración estatal. Su estrategia es fortalecer la seguridad, coopera con EE. UU. y promueve la ley de extinción de dominio. Enfrenta desafíos estructurales y tiene la presión de Trump por el control del canal de Panamá.
En contraste, la política “Paz total” de Gustavo Petro, en Colombia, negocia con grupos armados. Su estrategia improvisada debilita la seguridad. Así, el priorizar diálogos permitió la reorganización de disidencias de FARC, aumentando la violencia.
Finalmente, la política de consolidar el modelo chavista de Nicolás Maduro, en Venezuela, con la estrategia de incrementar las milicias bajo el control político y la posible corporación de Rusia e Irán, lo enfrenta a los EE. UU., que lo acusa de liderar el cártel de los Soles, para traficar drogas y corromper instituciones, excluyéndolo de la cooperación regional.
En conclusión, las políticas de EE. UU., Ecuador, Perú, Colombia, Panamá y Venezuela combinan acciones militares, sanciones y cooperación, pero su efectividad se ve limitada por no abordar causas estructurales, como pobreza y corrupción. Una sola política de “responsabilidad compartida” y una estrategia de “empleo coordinado de las fuerzas de seguridad” maximizarían el impacto contra el narcoterrorismo, pese a la desalineación de Venezuela. (O)