El mercado petrolero mundial está convulsionado. El ataque de EE. UU. e Israel a Irán ha devastado al país gobernado por mulás, el tercero por reservas petroleras (tras Venezuela y Arabia Saudí) pero con baja exportación desde hace un año por la “máxima presión” dispuesta por Trump. Irán contrataca con drones a los países vecinos aliados a EE. UU. (sacó fuera de servicio la mayor refinería de Arabia Saudí) y bloquea el estrecho de Ormuz, por donde sale el petróleo del golfo Pérsico. Esto reduce a un mínimo la exportación de Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar, aproximadamente el 45 % del crudo que se mueve en el mercado internacional.
Este conflicto ha impulsado al alza el precio del petróleo, pero aún no llega a los niveles exorbitantes experimentados en otras ocasiones. Hay un exceso de petróleo circulando por el globo, y recién el viernes comienza a sentirse escasez. Al momento de escribir esta columna, estimo que en marzo venderemos nuestro petróleo a unos $ 22 por barril más que el precio de febrero.
Pero los altos precios de las exportaciones de petróleo dejan escaso beneficio al país. El Ecuador produjo 439.000 barriles diarios (bpd) en 2025, pero si restamos las importaciones, quedan solo 162. Peor aún, como los combustibles tienen un precio mayor que el crudo, en 2025 el comercio internacional petrolero dejó venta netas de solo $ 3,1 millones, con lo que se ubicaría como quinto rubro de exportación. Ya no somos un país petrolero.
El beneficio para el fisco vendrá más bien por las ventas internas; podemos dar por descontado que gasolinas y diésel subirán de precio los próximos meses al tope que permite la fórmula. Seremos los consumidores nacionales los que nutriremos las arcas fiscales.
¿Y si no hubiéramos caído en la trampa que nos tendió la Corte Constitucional de tener una consulta popular sobre la producción petrolera en el ITT junto con las elecciones generales tras la muerte cruzada?
Calculemos; para agosto de 2023, cuando entró en vigencia el cierre de operaciones en el ITT y el inicio del desmantelamiento de las instalaciones, el ITT producía 57.280 bpd. A la fecha está en alrededor de 41.000 bpd. El programa de desarrollo previsto para el gobierno de Lasso era elevar la producción a 106.497 para principios de 2025. De no haber habido la orden de frenar los trabajos en el ITT, en 2025 los ingresos adicionales del ITT hubieran alcanzado $ 1.329 millones, esto es, 43 % más de lo que fueron. En total, de septiembre 2023 hasta marzo 2026, los ingresos que dejaron de percibirse del ITT sumarían unos $ 2.700 millones.
Ese dinero de las exportaciones hubiera tenido dos destinos: ingresos fiscales para comprar medicinas, atender atrasos con el IESS, gobiernos locales y proveedores, y la parte menor hubiera quedado en Petroecuador para invertir en el ITT: sueldos a trabajadores petroleros, pagos a subcontratistas, proveedores del sector, en fin, mantener vigoroso un sector de la economía en que Ecuador ha acumulado experticia en el último medio siglo.
Estamos a punto de convertirnos en importadores netos de hidrocarburos, a pesar de tener reservas de petróleo en el subsuelo. ¿Cabe mantener esta prohibición de desarrollar la principal área del país con reservas comerciales probadas? Reflexionemos. (O)
