Qué difícil ha resultado hasta ahora la regulación y control de las ideas que circulan a través de las incalculables opciones que nos da el desarrollo digital. Y aunque por este lado del mundo no se ha debatido a fondo esa situación, no deja de flotar en el ambiente la duda intensa de si la internet sin restricciones haya sido lo mejor para sociedades donde las Fake News, ahora ultrarrepotenciadas por la inteligencia artificial, tuercen todo lo que les es posible.
No hemos superado, ni siquiera iniciado de manera seria, el debate sobre la edad, maduración emocional de por medio, en que nuestros niños puedan acceder libremente a la web y miramos como sin ver como ellos se inventan una edad que no tienen para cumplir el requisito que una u otra red, sin tampoco verificación, les acepta.
¿Es válido que el menor consuma todo lo que circula por la web sin tener aún referentes históricos, sociales y, sobre todo, éticos que le permitan distinguir la paja del heno? Que encerrados en su habitación viajen mentalmente frente a una pantalla a realidades opulentas que exhiben supuestos youtubers exitosos y los mal llamados infuencers, para quienes crear realidades, con las herramientas digitales, es más rentable que trabajar comunicativamente con la realidad, como venga. ¿Son las restricciones, formales o informales, ataques a la libre expresión de estos internautas? Mmm. ¿Es reprochable el uso de mentiras disfrazadas de noticia, siempre de origen anónimo, que hacen las maquinarias de difusión política que tratan de manipular conciencias y, sobre todo, votos?
En estos días he visto la liebre saltar sobre este tema en Brasil. Cómo no, si ha roto, sin duda, el récord regional de abuso de Fake News y granja de troles que no tuvieron reparo en manipular políticamente a las víctimas y daños de la catástrofe climática reciente en el Mato Grosso. Allí el Tribunal Supremo de Justicia ha conseguido los votos para endurecer la regulación de las plataformas de redes sociales, que impacta directamente en el manejo de contenidos digitales publicados en la virtualidad. Una década atrás, ya en el gigante portugués se habían colocado sanciones a las empresas digitales que se negasen a retirar algún contenido que haya recibido un fallo judicial en contra, pero ahora van varios pasos más adelante al querer que las famosas empresas dueñas de las aún más famosas redes sean directamente responsables de monitorizar y retirar contenidos ofensivos de manera proactiva, sin esperar que se los pida un juez.
Esto, que parece ser una medida desesperada, tendría también que ser parte central del debate regional: ¿debe la justicia, y su innegable conexión política, ser el fiel de la balanza cuando el daño se haga con intagibles?, como son los contenidos y las imágenes digitales, que sin embargo impactan fuerte en la reputación o el prestigio de un individuo o una empresa. Habrá que medir el costo-beneficio de ese tipo de acciones que suelen sonar muy bien, pero podrían ser también lamentables para una sociedad. Los efectos de estas distorsiones, que nos alcanzan a todos, nos obligan entonces a todos a buscar la luz. (O)
