Seguimos a diario si el embalse de Mazar bajó de nivel. Si las turbinas de la central Sopladora están operativas; al menos en una de las tres turbinas la contratista puso pernos que no cumplían con especificaciones. Ansiosos auscultamos cuán caudaloso es el río Coca cuando nutre a la central Coca-Codo Sinclair, si la erosión de la ribera del río amenaza la captación de agua, y si aumentan las fisuras en la casa de máquinas. De cómo marcha el mantenimiento de las vetustas termoeléctricas de Guayaquil. De que se rehabilitó una turbina de 20 MW en Termogas Machala, pero no se sabe cuándo se instalarán los equipos que llevan años embodegados que elevarían la capacidad de 145 MW a 400 MW. De que los equipos que Celec compró como nuevos para superar el estiaje de 2024 aún no están operativos, ya se pagaron y no tienen garantía; los unos son veteranos de servicio en África, los otros no cumplen especificaciones.
Desde tiempo inmemorial Ecuador tiene un sector eléctrico monolíticamente estatal, excepto Guayaquil con Emelec, que fue hostilizada por el sector público hasta que en 2000 se dio por terminada su operación. A partir de entonces el servicio eléctrico del gran Guayaquil lo brindan subsidiarias de Celec que carecen de fondos para invertir y rinden cuentas a la matriz en Quito, no a la comunidad que están supuestas a servir. En el área metropolitana de Guayaquil se viven apagones esporádicos, que aparentemente se deben a la falta de mantenimiento de las vetustas redes de transmisión, afectadas con la llovizna. Este sistema eléctrico se quedó congelado en el siglo pasado.
El país vive en peligro permanente de un colapso energético. Hoy, para evitar los apagones, Celec requiere que las empresas pongan a generar sus equipos de emergencia. Además la falta de energía traba el desarrollo minero. Urge una inversión colosal en infraestructura eléctrica, y el Estado carece de los medios. La normativa prioriza que la inversión privada se canalice en empresas de economía mixta de mayoría estatal. Que toda la inversión sea por cuenta del contratista porque Celec es insolvente, pero que el Estado capte la mayoría de la renta. Esta modalidad no ha concitado el entusiasmo de los inversionistas potenciales.
El Gobierno busca atraer inversión privada para servir a quienes el sistema estatal no atiende, lo cual enciende las alarmas en la Corte Constitucional, que declara inconstitucional que el Estado pueda delegar, de forma excepcional, a empresas privadas, la participación en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica cuando la capacidad de las empresas públicas o mixtas sea insuficiente.
Que no se ha prohibido la inversión privada, argumentan los apologetas de la Corte. Cierto es. Solo se la ha complicado más de lo que ya era, y se ha permeado el ambiente de la inversión energética de un tufo de ilegitimidad.
Para la Corte el suministro de energía es un tema ideológico. Mejor es tener oscuridad estatal que iluminación privada. Tildar de oscurantista a la mayoría de esta Corte no es ya un decir; es constatación de una realidad. A los colegisladores, Gobierno y Asamblea les toca insistir. Aprobar una ley que destrabe la inversión privada en energía. Y poner a prueba la obstinación de la Corte de frenar la inversión. (O)
