Dentro de las muchas aberraciones y acciones destructivas de la crisis generada por la FaRC, familia revolución ciudadana, ninguna tan perversa como el haber duplicado el gasto público consolidado de un 22 % del PIB a comienzos del milenio, hacia un 43 % del PIB hacia el año 2015, en el cual ya era evidente el golpe mortal que había sufrido la economía y la sociedad ecuatoriana.

Ese crecimiento puso al Ecuador como el país con el mayor gasto público consolidado respecto del PIB en todo el continente latinoamericano. Sí, más que Venezuela, que en ese momento tenía 39 %; más que el Brasil, la Argentina y Bolivia, también infectados en ese momento por el terrible virus; peor, mucho peor que el COVID, llamado socialismo del siglo XXI.

Por lo tanto, si las cosas se deshacen como se hacen, ese sistemático y certero proceso de revertir la tendencia, debió ser la clave de todo aquello que se hiciera en el Ecuador desde que la FaRC dejó el gobierno. En muchos, muchísimas entrevistas, charlas, foros y artículos he expresado este concepto en forma totalmente convencida.

Desde que en el gobierno anterior empezó a primar la sensatez por sobre el dogma y los atávicos lazos con el pasado correísta, los ministros de economía y finanzas han hecho esfuerzos de ir enrumbando al país, pero siempre se oye el argumento de que “hay inflexibilidades en el gasto” y, sobre todo, que hay que tocar educación o salud si se quiere bajar el gasto corriente.

Por más inflexibilidades de las cuales se hable, esto es insostenible, y si no se ve en realidad que el gasto se puede recortar en la forma en que se debe, vamos invariablemente camino a seguir acumulando más deuda, y con un peso de ese Estado que es sencillamente insostenible, inaguantable.

A la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Estado le debe más de 140 millones de dólares. Ahí “no ha existido inflexibilidad”. Por esa tardanza del Estado, la Junta ha recortado educación y ha recortado salud, en detrimento de la colectividad guayaquileña. Y esto, para que el Estado, por “su inflexibilidad” no se recorte. Y la Universidad Espíritu Santo donde laboro, al igual que muchas otras universidades privadas, que no reciben nada del Estado, y a las cuales el Estado les debe millones por devoluciones del IVA, han tenido que recortar proyectos, bajar contrataciones, porque el Estado les debe dinero. Entonces, la inflexibilidad solo existe para el causante de los problemas, no para sus víctimas.

Las empresas privadas se han ajustado en forma heroica y proporcionalmente mucho más que el Estado.

Achicar el Estado sí es posible. En 1992 iniciamos un proceso de estudio de la situación del sector público. Encomendamos esa misión a Benjamín Rosales Valenzuela, quien hoy es precisamente miembro de la Junta de Beneficencia. Con su valoración, tomamos un crédito del Banco Mundial, y se le compró renuncias a más de 20 mil personas, lo cual hoy equivaldría a comprarle renuncias a más de 60 mil.

¿Qué sucedió? Que para fines del año 1994, en el último trimestre antes de la guerra con el Perú, el país tenía la reserva monetaria más alta de la historia, había reducido la pobreza más rápido que en cualquier otro período, y la economía crecía a una tasa anualizada superior al 8 %, y esto, con petróleo de menos de 20 dólares.

Los ministros de finanzas son bomberos. Llegan a apagar un incendio que es el manejo de la caja. No tienen tiempo para pensar. Por ello, es fundamental que alguien estudie el problema de la grasa, que existe y en demasía, y que parece que no existiera. Existen entidades y dependencias totalmente innecesarias, que no solo son un costo, sino que además le hacen la vida imposible al sector productivo, y que son fuente de corrupción. Eso es lo que con decisión se debe enfrentar, y baste citar el ejemplo de la comercialización del petróleo y derivados, sobre la cual tanto se ha dicho y que ha generado un multimillonario perjuicio al fisco. Hay entidades como la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que no tiene sentido en existir, cuando existe una Dirección de Aviación Civil, que es la encargada verdaderamente del control del tránsito aéreo. Hay entidades como el CES, que hacen la vida imposible a las universidades del país, y que existiendo el CACES y la Cenescyt no tiene entonces razón de ser. Los ejemplos podrían llenar una página, que no caben en un espacio limitado de este artículo de prensa.

El sacrificio de la sociedad debe partir, incuestionablemente, por la demostración de que el Estado es eficiente y no tiene grasa, cosa que está muy lejos de la realidad. ¿Cómo el Gobierno estudia este problema, a quién se lo encomienda, cómo se logra saber cuánto personal debe existir y qué instituciones o dependencias deben desaparecer? Eso es tarea de alguien que sólo se dedique a ello, y que produzca el resultado que han dado la Junta de Beneficencia, las Universidades privadas y las empresas del país frente a la crisis, y que el Estado se rehúsa a dar. (O)